Compactación Salarial y Crisis de Ingreso
| ● El Salario Mínimo General (SMG) ha crecido agresivamente (15% al 22% anual), mientras los salarios contractuales se han estancado (4% al 5%). | ● Riesgo Inminente: Se proyecta que para 2026, los niveles salariales más bajos en diversos centros de trabajo se situarán por debajo del mínimo legal establecido. |
| ● Incumplimiento del Incremento: El 74% de las Microempresas (0 a 10 trabajadores), que constituyen el 95.5% de las unidades económicas, no pagan el incremento completo del 12% al salario mínimo. | |
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Incremento y Recuperación Salarial |
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| ● Demanda SMG 2026: Se exige un aumento del 30% a los salarios contractuales y convenios para disminuir la brecha con el SMG ($362.44 diarios) para superar la línea de pobreza. | ● Aumento Contractual Meta: Se requiere un incremento anual promedio del 13.30% a los salarios contractuales para igualar el bienestar a 2.5 canastas básicas en 2030. |
| ● Inversión Estratégica: Se propone una inversión anual sucesiva de 145,900 millones de pesos (MDP) del 2026 al 2030, con un total de 729,500 MDP al final del sexenio, vista como una inversión para evitar la fuga de talento. | |
Reporte Especial de Investigación Segunda Parte
Elaboro: David Lozano Tovar, Aline Lozano Neri, Javier Lozano Tovar, María Guadalupe Zavala Silva, Luis Lozano Arredondo, Paola A. Lozano Neri, Luis M. Lozano Tovar.
Noviembre de 2025
Introducción
El propósito de esta investigación es contrarrestar el deterioro de los niveles salariales, superar la inercia generada por los límites establecidos y prevenir la compactación salarial derivada del acelerado incremento del Salario Mínimo General (SMG) en comparación con el estancamiento de los salarios contemplados en los contratos.
La necesidad de la recuperación y mejora del salario contractual (2025-2030)
La necesidad de la recuperación de los salarios contractuales que garantice que dichos salarios no solo superen los incrementos del salario mínimo, sino que recuperen el poder adquisitivo histórico (referencia 1976) y aseguren una vida digna para los trabajadores universitarios y sus familias, tomando como meta el costo de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) calculada por el CAM-UNAM.
La urgencia de la actualización de los salarios contractuales, por convenio a nivel nacional.
La necesidad urgente de contrarrestar el deterioro histórico de los niveles salariales contractuales y superar la inercia generada por los límites impuestos a los incrementos. Históricamente, el poder adquisitivo de los salarios se ha visto erosionado, razón por la cual debe ser un objetivo General el implementar una política de recuperación que no solamente garantice que los salarios contractuales superen los incrementos del Salario Mínimo General (SMG), sino que también recuperen el poder adquisitivo perdido desde 1976 y aseguren una vida digna para los trabajadores y sus familias.
Para lograrlo, se establece como meta alcanzar el costo de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) calculada por el CAM-UNAM.
Análisis de la Situación Actual: Compactación y Deterioro (Diagnóstico 2025-2026)
De acuerdo con el informe del CAM-UNAM (septiembre 2025) y el análisis del salario tabular STUNAM 2026, la estructura salarial del sector público y universitario enfrenta una situación crítica, caracterizada por la intensificación de la compactación salarial y la insuficiencia de los ingresos.
La Dinámica de la Compactación Salarial producto de la política económica neoliberal afecto y fue la principal amenaza a la estructura salarial es el desequilibrio entre el crecimiento del SMG y los aumentos contractuales:
a) Crecimiento Desigual: Mientras el SMG ha registrado incrementos anuales agresivos, oscilando entre el 15% y el 22% en los dos últimos gobiernos, los salarios contractuales han permanecido estancados, aumentando únicamente entre el 4% y el 5%, creando una brecha mayor en el deterioro de todos los trabajadores a nivel nacional.
b) Aumento de la Brecha: Esta dinámica ha incrementado significativamente la brecha salarial al absorber los niveles tabulares más bajos del sector formal y sindicalizado, también de aquellos trabajadores que se encuentran contratados mediante convenio y otras formas.
c) Riesgo de Ilegalidad: La tendencia actual proyecta que, para el año 2026, los niveles salariales más bajos en diversos centros de trabajo en el país se situarán por debajo del mínimo legal establecido, creando en los hechos un retroceso histórico mayor que a la caída de los años 70´s.
Pérdida de Poder Adquisitivo e Insuficiencia de Ingreso
La disparidad en los aumentos ha provocado una severa pérdida del poder adquisitivo y pone en riesgo la estructura de reconocimiento a la especialización de los trabajadores en cada una de las áreas de trabajo de las diversas secretarias del Estado mexicano, elemento que no se quiere reconocer por el oficialismo y economistas rezagados del neoliberalismo:
a) Rezago Estructural: Si se mantiene la tendencia actual de aumentos contractuales del 5.7% anual frente a los aumentos agresivos al mínimo, se proyecta que un gran número de categorías universitarias quedarán rezagadas para 2030, perdiendo la justificación de reconocimiento a su especialización.
b) Salarios Insuficientes: Los salarios vigentes resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes, tanto bajo métricas oficiales como, de manera más marcada, bajo el estándar de la CAR.
De cuanto estamos hablando de incremento real para recuperar el Salario Mínimo de diciembre de 1976 y de su capacidad de compra en 2025[1].
Para finales de 1976 (específicamente a partir de octubre, tras la devaluación del peso), el salario mínimo general para México era $82.74 pesos diarios:
1.- En Viejos Pesos el Salario Mínimo General era de $82.74 pesos diarios.
El Salario Mínimo General tendría que ser Hoy en términos de la capacidad adquisitiva de $827.40 [2] /[3] . En 1976 un salario mínimo en el inicio formal del neoliberalismo alcanzaba para comprar 414 piezas de pan (bolillo). Gráfica 1
Gráfica 1
Para el 1º de diciembre de 2025 solamente alcanza para 112 piezas de pan (bolillo) lo que muestra que no se ha recuperado la capacidad adquisitiva como debería. Gráfica 2
Gráfica 2
2. Precio del Pan (Bolillo) en diciembre de 1976 frente al precio del bolillo de 2025
El precio del “pan blanco” (bolillo o telera) era un precio accesible para la población, hoy ya no lo es. En Viejos Pesos $0.20 por pieza de pan (bolillo).
En el año 2025 el precio del bolillo es de $2.50 por pieza de pan (bolillo). Solamente se pueden comprar 112 piezas actualmente.
La capacidad de compra del Salario Contractual en 1976 del trabajador del rango más bajo (Nivel 1) del sector público en 1976.
En 1976, el gobierno federal reestructuró su tabulador reduciéndolo a 17 niveles. El sueldo base mensual más bajo (para puestos como auxiliar de intendencia, mozo, o auxiliar administrativo nivel 1) se situaba ligeramente por encima del salario mínimo general.
El monto del Salario mínimo Contractual mensual establecido a nivel federal (Viejos Pesos), era de $2,600.00 y $3,000.00. [4]
Equivalente en el año 2025 en Nuevos Pesos seria de $32,500.00 y $37,500.00 pesos actuales al mes. Lo que le permitía comprar entre 13,000 piezas de pan y 15,000 piezas de pan.
¿Cuántos trabajadores tenían un ingreso mayor del Salario Mínimo General en 1976?
De acuerdo con la plantilla laboral del sector público federal por nivel de los trabajadores por rango y nivel de 1976, los registros de la FSTSE (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado) y censos de la época nos permiten mostrar la proporción:
El Total de Empleados Públicos Federales (1976): Aproximadamente 800,000 a 1,000,000 de trabajadores (Sector Central y Paraestatal).
Los trabajadores en el Nivel Más Bajo: Históricamente, la base operativa (niveles 1 al 5) representaba cerca del 60% al 65% de la plantilla.
Se estima que entre 500,000 y 600,000 trabajadores se encontraban en este rango salarial bajo (ganando menos de $10,000 viejos pesos y beneficiándose del aumento del 23%).
Contexto Nacional: Dispersión y Desequilibrio (Datos 2025)
El panorama nacional de incrementos contractuales es disperso, con negociaciones clave cerrando en rangos bajos (ejemplos. Sindicato Nacional de SNTSS, Volkswagen y General Motors), confirmando que los aumentos contractuales son significativamente menores que el aumento al SMG.
a) Trabajadores con Salario Mínimo: El aumento al SMG ($278.80 diarios) en 2025 benefició directamente a 9 millones de trabajadores. No obstante, cerca del 47% de los trabajadores en México cobra un salario mínimo, y otro 36% recibe ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.
b) Incumplimiento Empresarial: Una gran parte de las empresas no paga el incremento completo del 12% al salario mínimo. Este incumplimiento se concentra principalmente en las Microempresas (0 a 10 trabajadores), que constituyen el 5% de las unidades económicas.
De acuerdo con el informe analítico del CAM-UNAM (septiembre 2025) y el documento sobre el salario tabular STUNAM 2026, la situación actual es crítica:
a) Compactación Salarial: El crecimiento anual del Salario Mínimo General (SMG) ha oscilado entre el 15% y el 22%, mientras que los salarios contractuales han aumentado únicamente entre el 4% y el 5%. Esta dinámica ha aumentado significativamente la brecha salarial entre el SMG y los salarios contractuales. Se prevé que para el año 2026, los niveles salariales más bajos en cada centro de trabajo se sitúen por debajo del mínimo legal establecido.
b) Pérdida de Poder Adquisitivo: Para el año 2030, si se mantiene la tendencia actual (aumentos del 5.7% anual vs aumentos agresivos al mínimo), un gran número de categorías universitarias quedarán rezagadas, perdiendo la estructura de reconocimiento a la especialización. A nivel nacional debe de existir un programa de reconocimiento en las entidades Federales.
c) Insuficiencia: Los salarios actuales son insuficientes para cubrir las necesidades familiares de cuatro integrantes, ni siquiera bajo métricas oficiales, mucho menos bajo el estándar de la CAR.
Cambios en los Ejes de la Propuesta Económica
Incremento Salarial de Emergencia y Programa Multianual Para evitar que los salarios contractuales sean rebasados por el mínimo y para recuperar lo perdido:
1. Eliminación de la contractura Salarial Nacional (Topes Salariales): Se propone rechazar el tope del 12% o cifras inferiores (como el 4% directo) que dictan la política gubernamental y patronal. La demanda base para el SMG en 2026 es de un 30% de aumento ($362.44 diarios). Los salarios contractuales deben tener un tratamiento proporcional que reconozca su nivel de especialización.
2. Aumento Anual Sostenido del 13.30%: De acuerdo con el análisis del CAM para igualar el bienestar a 2.5 canastas básicas en 2030, se requiere un incremento anual promedio del 13.30% a los salarios contractuales de la UNAM. Esto permitiría una recuperación real frente a la inflación y el alza del SMG.
3. Recuperación de Diferenciales: Establecer un programa multianual para recuperar las distancias relativas que existían en 2016 entre los salarios mínimos y los contractuales, evitando que el personal especializado gane igual que el personal de ingreso básico.
Necesaria Modernización y Reestructuración del Tabulador Para corregir las inequidades internas y la falta de competitividad:
a) Inversión Estratégica Directa: Se propone una inversión anual sucesiva de 145,900 millones de pesos (del 2026 al 2030), sumando un total de 729,500 millones de pesos al final del sexenio. Este monto no es un gasto, sino una inversión para actualizar los rangos y evitar la fuga de talento nacional.
b) Reclasificación de Rangos: Ajustar las categorías para que ningún trabajador universitario o del sector público perciba un salario tabular inferior al mínimo general legal, situación que pone en riesgo la operatividad institucional y genera conflictos laborales.
Recuperación de los Ejes de Protección Jurídica y Constitucional de todas las figuras de salarios e ingresos de cualquier trabajador
Para blindar los ingresos y prestaciones logrados:
a) Propuesta: Adicionar un párrafo al Art. 31, Fracción IV de la Constitución para dar certeza jurídica a los convenios de colaboración administrativa y beneficios fiscales (como exenciones por previsión social).
b) Beneficio: Esto evitaría que interpretaciones cambiantes del SAT pongan en riesgo el ingreso neto de los trabajadores o generen créditos fiscales millonarios a las universidades. Se busca proteger prestaciones como vales de despensa y ayudas de material didáctico que ya están exentas por la LISR.
a) Reforma Legal: Establecer en la Ley Federal del Trabajo y leyes jurídico-administrativas la obligación de expresar los salarios contractuales, por profesionales y oficios como múltiplos de los salarios mínimos generales. Esto garantizaría que, si el mínimo sube, los contractuales suban automáticamente en la misma proporción para mantener la jerarquía salarial.
b) Resumen de Metas Financieras (Escenario 2030) ver tabla 1.
Tabla 1
Elaboración: Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. CAM-UNAM
Falso que todos reciben el incremento a los salarios mínimos: No todos reciben el 12% de incremento al salario mínimo del año 2025
Promedio Nacional (Empresas Privadas): A nivel nacional, los incrementos nominales (antes de inflación) en empresas privadas de jurisdicción federal variaron significativamente mes a mes. Contrario a los promedios más bajos citados en los documentos de contexto, los datos oficiales del Banco de México para 2025 muestran promedios nominales más altos (ver tabla 2):
Tabla 2
Elaborado: CAM- Centro de Análisis Multidisciplinario-UNAM, Fuente: CONCANACO
La información más actualizada proviene del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, con la actualización de mayo de 2025, que incorpora los datos de los Censos Económicos 2024.
Total Nacional de Empresas (2025)
En mayo de 2025 se reportó en México un total de 6,097,675 unidades económicas (establecimientos) activas.
La gran mayoría de estas son microempresas. Utilizando la estratificación más reciente basada en el DENUE y los Censos Económicos 2024, la división por tamaño es la siguiente (ver gráficas 3,4, 5, 6, 7 y tabla 3).
Gráficas 3,4,5 y 6
¿Quién no paga los incrementos al salario mínimo en México?
Gráfica 7
Tabla 3
Estratificación Nacional (Porcentaje)
Los datos de los Censos Económicos 2024 (publicados en enero de 2025) confirman que México es un país donde predominan de forma abrumadora las unidades económicas de menor tamaño.
a) 95.5% son Microempresas (0 a 10 personas).
b) 4.3% son Pymes (Pequeñas y Medianas, de 11 a 250 personas).
c) 0.2% son Grandes (más de 250 personas).
A pesar de ser solo el 0.2% del total, las empresas grandes emplean al 29.3% del personal ocupado y generan el 43.5% de los ingresos totales.
Total de Empresas por Estado de la República
Sin embargo, aquí está el Top 10 de estados con el mayor número total de unidades económicas (negocios), según los datos más recientes del DENUE (ver tabla 4):
Tabla 4
Elaborado: CAM- Centro de Análisis Multidisciplinario-UNAM, Fuente: INEGI 2025
Estadísticas de Trabajadores con Salario Mínimo (2025)
La información más cercana a tu solicitud se basa en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y los análisis de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) para 2025:
A) Beneficiarios del Aumento 2025: Se estimó que el aumento al salario mínimo (fijado en $278.80 pesos diarios) benefició directamente a 9 millones de trabajadores en el país. De acuerdo a los registros en los cambios de percepciones registrados por el Sistema de Atención Tributario (SAT).
B) Porcentaje de Trabajadores: En México, se reporta que el 47% de los trabajadores cobran un salario mínimo.
C) Rango Bajo: Adicionalmente, alrededor del 36% de los trabajadores reciben ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.
Contexto de las Empresas (Datos de los Censos Económicos)
Aunque no sabemos cuántas de ellas pagan el salario mínimo, sí sabemos que la economía mexicana se compone mayoritariamente de microempresas. Es en este sector donde se concentra la mayor parte de la población trabajadora con ingresos más bajos.
Según los datos de los Censos Económicos 2024 (publicados en 2025), la estructura empresarial del país es la siguiente:
a) Microempresas (0 a 10 personas): Componen el 5% del total de unidades económicas.
b) Empleo en Microempresas: Este sector emplea al 5% de todo el personal ocupado en el país.
Los datos indican que casi la mitad de la fuerza laboral del país (47%) recibe oficialmente esa remuneración, sin embargo, más de 15 millones no la reciben en su totalidad, y esta población se concentra principalmente en las microempresas, que son el 95.5% de todos los negocios en México.
Análisis por Entidad Federativa (Datos Fragmentados)
Los informes de la Secretaría del Trabajo (STPS) y análisis de CONASAMI sí ofrecen datos por estado, pero calculados como incrementos reales (es decir, ya descontando la inflación) y varían cada mes.
El comportamiento no es uniforme; un estado puede aparecer con altos incrementos un mes y bajos en otro, dependiendo de qué contratos se revisaron ese mes.
Reportes Destacados (Incremento Real)
Datos de agosto 2025. Un análisis de CONASAMI destacó las siguientes entidades por sus incrementos reales en revisiones contractuales (ver tabla 5):
Tabla 5
Elaborado: CAM- Centro de Análisis Multidisciplinario-UNAM, Fuente: INEGI 2025
Datos de Otros Meses (Incremento Real)
Los informes mensuales de la STPS sobre el trabajo formal también identificaron a las entidades con los menores incrementos reales en diferentes periodos:
No existe un monto único de incremento por estado para 2025. El panorama fue muy disperso, con negociaciones clave en Puebla (Volkswagen) cerrando en 3.8% nominal, Guanajuato (General Motors) en 3.1% nominal directo (aunque el promedio total fue mayor), y la Ciudad de México (UNAM, sector público) logrando un 5% tabular y complementario tabular de 2.5%.
El inicio de un segundo momento del periodo neoliberal: el exterminio de los salarios contractuales, convenios y de otras formas mediante el nulo incremento salarial para su recuperación
La tendencia para 2026 es la intensificación de la compresión salarial. El rápido crecimiento del salario mínimo está absorbiendo los niveles salariales más bajos del sector formal y sindicalizado.
Mientras los aumentos contractuales sigan siendo significativamente menores que los aumentos del SMG (proyectado en 12%), los trabajadores en los primeros escalones de los tabuladores verán cómo el piso legal los sobrepasa, volviendo sus salarios contractuales obsoletos e insuficientes, como se proyecta que ocurrirá con los niveles más bajos de la UNAM.
Fuentes y referencias
| Entidad / Fuente de Origen | Tipo de Datos Aportados |
| INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) | Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)1. |
| Censos Económicos 2024 | Datos sobre la estructura empresarial y el porcentaje de microempresas (95.5%)4. |
| CONASAMI (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos) | Análisis sobre el Incremento Real de las revisiones contractuales por entidad federativa6. |
| SAT-SHCP (Sistema de Administración Tributaria – Secretaría de Hacienda y Crédito Público) | Estudio técnico de tributación (2025/er trim) 8y registros de cambios en percepciones9. |
| CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo) | Datos sobre el Incremento Nominal promedio Tabular en empresas privadas11. |
| Secretaría del Trabajo (STPS) | Informes mensuales sobre el trabajo formal e incrementos reales por entidad federativa13. |
Informes y Documentos de Análisis Internos del CAM-UNAM
El cuerpo principal del documento y sus proyecciones se basan en análisis y reportes propios del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM-UNAM):
Para cualquier consulta visita o escribe al sitio web del Centro de Análisis Multidisciplinario
[1] / En 1993, México eliminó tres ceros a la moneda ($1,000 Viejos Pesos = $1 Nuevo Peso). Por ello, las cifras de 1976, al convertirlas a la moneda que usamos hoy, parecen extremadamente pequeñas, aunque en su momento $0.20 centavos tenían un poder adquisitivo real.
[2] / Nuevos Pesos $0.082 diarios (aprox. 8 centavos redondeados actuales).
[3] / Nota: Antes de octubre de 1976, el salario era menor (alrededor de $67.26 viejos pesos), pero se ajustó de emergencia debido a la crisis económica de ese año.
[4] / Dato Clave (Aumento de Emergencia): Debido a la inflación y devaluación, en septiembre de 1976 se otorgó un aumento de emergencia del 23% a todos los burócratas que ganaban menos de $10,000 viejos pesos mensuales. Esto significa que el salario base más bajo subió de aproximadamente $2,400 (antes de sep) a unos $2,900 – $3,000 para el cierre del año.
Luis Lozano Arredondo
Coordinador fundador del CAM
Javier García Ramírez
Daniel Sten Rodríguez Álvarez
José Luis Ayala
Yoali Sarai Hernández López
Javier A. Lozano Tovar
Introducción
El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM (CAM-UNAM) ha sostenido, a lo largo de varios años, investigaciones fundamentadas en la teoría del valor trabajo de Marx, dando continuidad al estudio del desempleo desde una perspectiva estructural. En este sentido, resulta pertinente situar el análisis para explicar el desempleo como un fenómeno sistemáticamente generado por el propio capitalismo. La presente investigación ofrece una actualización sobre la condición de desempleo estructural de las clases trabajadoras en México, considerando como antecedentes recientes dos momentos críticos: la crisis financiera de 2008-2009 y la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 a partir de finales de 2019.
El segundo objetivo de este estudio consiste en exponer el análisis metodológico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) empleado por el CAM para calcular la tasa de desempleo, así como presentar los resultados de dicha tasa por entidad federativa en el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2025. Finalmente, el tercer objetivo se orienta al análisis del diferencial de desempleo por división sexual del trabajo en México, abarcando desde el cuarto trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2025.
1. Articulación y problematización teórica del desempleo.
Tesis de investigación. Desde la perspectiva marxista, el desempleo no constituye una anomalía del mercado laboral, sino una relación social estructural inherente al modo de producción capitalista, que se intensifica y reconfigura en contextos de crisis y reformas laborales neoliberales. Así, el Ejército Industrial de Reserva se expande y diversifica como resultado de la “destrucción creativa” de la mercancía fuerza de trabajo, permitiendo al capital restablecer condiciones de acumulación bajo parámetros laborales y salariales cada vez más precarizantes, fenómeno observable en el marco de las tendencias globales, regionales y a nivel local-nacional.
Desde la perspectiva marxista adoptada en esta investigación, el desempleo no se interpreta como un “fallo del mercado” ni exclusivamente como un fenómeno técnico o económico, sino como una relación social estructural inherente al modo de producción capitalista. La crítica se desarrolla a continuación:
Consideramos el desempleo como una necesidad sistémica y no como una anomalía del mercado laboral. Así, nos preguntamos cómo el capital mundial, regional y el mexicano —en el marco de sus procesos históricos neoliberales y dependientes en América Latina y el Caribe— ha aprovechado las crisis (como la de 2008-2009 y la del COVID-19) para reorganizar y expandir el Ejército Industrial de Reserva. Desde esta perspectiva, estas crisis no pueden entenderse como acontecimientos fortuitos, sino como momentos de “destrucción creativa de la mercancía fuerza de trabajo”, en los cuales el capital se revaloriza mediante la eliminación de capitales menos competitivos y la liberación de grandes contingentes de la mercancía fuerza de trabajo, restableciendo así las condiciones materiales que contrarrestan y permiten un nuevo proceso de acumulación bajo parámetros laborales y salariales más precarizantes, que se materializan en salarios cada vez más bajos (el precio de la mercancía fuerza de trabajo será cada vez menor al valor de la fuerza de trabajo).[1]
La investigación marxista contemporánea sobre el desempleo debe, por tanto, analizar cómo las crisis y las reformas laborales neoliberales reconfiguran el papel del desempleo en la reproducción del capitalismo, considerando las particularidades históricas y estructurales de cada región. En México, la persistencia y transformación del desempleo estructural se vincula con la dependencia económica, la subordinación a dinámicas globales y la profundización de la superexplotación de la división sexual de la mercancía fuerza de trabajo.
Esta mirada permite superar las explicaciones convencionales que atribuyen el desempleo a factores coyunturales de política pública o en enfoques meramente técnicos, y aporta al debate contemporáneo al situar el fenómeno en el centro de la crítica a la lógica de acumulación capitalista. Así, la pregunta y tesis propuestas buscan contribuir a la comprensión de cómo el desempleo estructural opera como mecanismo de control y reproducción social en condiciones de mayor explotación, y cómo sus manifestaciones actuales exigen nuevas estrategias de análisis y resistencias desde la organización de las y los de abajo.
2. Metodología empleada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el cálculo del desempleo en México.
Planteamiento metodológico para el cálculo de la Tasa de desempleo
La metodología sugerida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se emplea para recabar datos empíricos que permitan reflejar con mayor precisión la situación actual del desempleo en México. Este enfoque metodológico, adoptado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, se distingue de la metodología aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, organismo que se limita a cuantificar la población en condición de desocupación.
La diferencia fundamental radica en que la metodología de la OIT incorpora no solo a la población desocupada, sino también a aquella disponible para trabajar, aunque no busque empleo de manera activa, pero que aceptaría una oferta laboral en caso de presentarse. De este modo, el análisis del desempleo se amplía y profundiza, permitiendo una aproximación más rigurosa y crítica al fenómeno, en consonancia con los postulados teóricos marxistas que consideran el desempleo como una relación social estructural inherente al capitalismo, y no como una mera anomalía coyuntural o técnica del mercado laboral.
Según el marco metodológico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total se clasifica en dos grandes grupos principales: personas en edad de trabajar (15 años o más) y menores de esa edad. El segmento de la población en edad de trabajar se divide a su vez en Población Económicamente Activa (PEA) y Población No Económicamente Activa (PNEA). La PEA comprende tanto a individuos ocupados como desocupados, mientras que la PNEA incluye a quienes están disponibles para laborar y a quienes no lo están.
Es relevante destacar que la población disponible corresponde a individuos que, si bien no han buscado empleo de manera activa, aceptarían una oferta laboral en caso de presentarse. Por el contrario, la población no disponible está conformada por quienes no han buscado trabajo ni aceptarían una oferta de empleo. Esta distinción resulta fundamental para comprender la verdadera magnitud del desempleo y su caracterización dentro del mercado laboral mexicano, permitiendo así un análisis más profundo y crítico desde una perspectiva estructural.
Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) define la población desocupada como aquellas personas de 15 años o más que, durante la semana de referencia, realizaron una búsqueda activa de empleo debido a que no estaban vinculadas a ninguna actividad económica o laboral (INEGI, ENOE, Glosario). Este criterio establece de manera inequívoca que la búsqueda activa de trabajo constituye el elemento central para ser considerado desocupado en las estadísticas oficiales. La metodología de la ENOE desarrollada por el INEGI describe detalladamente en qué consiste esta condición de búsqueda activa de empleo, diferenciando así a quienes participan activamente en el mercado laboral de aquellos que, aunque se encuentren sin trabajo, no cumplen con el requisito de búsqueda activa.
Para ser considerado “desocupado abierto”, no basta con encontrarse en una situación de ausencia de trabajo; es imprescindible, además, adoptar un comportamiento activo de búsqueda de empleo. Esta distinción resulta fundamental, ya que frecuentemente se confunde el término “personas sin trabajo” con el de “desocupados abiertos”. Sin embargo, este último implica una condición adicional que marca una diferencia conceptual relevante: un individuo que carece de empleo, pero no realiza acciones de búsqueda —o ha desistido de hacerlo— no forma parte de la desocupación abierta, dado que no se comporta como oferente de servicios laborales. Por tanto, la desocupación abierta no refleja únicamente la cantidad de personas que necesitan trabajar en un momento y lugar determinados, ni la magnitud del déficit de oportunidades laborales; en realidad, indica el volumen de población que se comporta como buscadora de trabajo, es decir, cuántos individuos apuestan por su inserción en el mercado laboral ante un déficit de oportunidades (INEGI.2005).
“De ahí que la desocupación abierta no sea, ni pretenda ser, la magnitud que exprese cuánta gente necesita trabajar en un lugar y momento determinados o la medida de cuán grande es el déficit de oportunidades laborales: en realidad lo que la desocupación abierta indica es la magnitud de la población que se comporta como buscadora de trabajo (esto es, cuántos individuos apuestan a su inserción en un mercado laboral) ante un déficit dado oportunidades.” (INEGI. ENOE, 2005).
Conforme a la metodología establecida por el INEGI, la Tasa de Desocupación se determina mediante el siguiente procedimiento:
No obstante, como se señaló previamente, la metodología empleada por INEGI presenta limitaciones debido a la complejidad del fenómeno del desempleo y puede no reflejar plenamente su magnitud. Por esta razón, se consideran pertinentes las recomendaciones de la OIT, que advierte lo siguiente:
“…En situaciones en que los medios convencionales de búsqueda de empleo son insuficientes, en que el mercado laboral está bastante desorganizado o es de alcance limitado, en que la absorción de la mano de obra es, en el momento considerado, inadecuada, o en que la fuerza de trabajo está compuesta principalmente por personas con empleo independiente, la definición estándar de desempleo dada en el subpárrafo 1) anterior puede aplicarse suprimiendo el criterio de búsqueda de empleo.” (OIT, 2005).
De acuerdo con esta recomendación, el cálculo incorpora a la población disponible que, aunque no busca empleo de manera activa, estaría dispuesta a aceptarlo si se le ofreciera. Por lo tanto, la Tasa de Desempleo se determina de la siguiente manera:
La distinción entre desocupación y desempleo puede analizarse de manera más precisa aplicando ambos métodos de cálculo al mes de octubre de 2025.
Según datos del INEGI, durante el mes de octubre de 2025, la población desocupada ascendió a 1,631,093 personas, lo que representó una tasa de desocupación del 2.6%.
Tasa de Desocupación
En cambio, al aplicar el CAM la metodología sugerida por la OIT, se estima que la población desempleada ascendería a 6,811,193 personas, lo que implicaría que la tasa de desempleo se incremente casi cuatro veces, situándose en un 10.1%.
Tasa de Desempleo
A partir de lo anterior, se infiere que la definición y metodología implementadas por el INEGI para calcular la desocupación no reflejan con precisión la verdadera magnitud del desempleo en México.
De acuerdo con los datos oficiales publicados por el INEGI y referenciados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se posicionó como el país con la tasa de desocupación más baja entre los países miembros de la OCDE durante octubre de 2025. No obstante, al aplicar la metodología recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el cálculo de la tasa de desempleo en el mismo periodo, el resultado varía significativamente: la tasa asciende a 10.1%, ubicando a México como el tercer país con mayor desempleo, superado únicamente por España y Finlandia.
3. Causas del desempleo estructural en México. 2019-2025
La precariedad masiva se presenta como el corazón y punto de partida en referencia al desempleo estructural no como una falla de mercado si no como un mecanismo que contrarreste la caída de la ganancia mundial, de este modo es fundamental hacer una revisión de los procesos históricos de la acumulación de capitalista mundial, regional y local (nacional), en este caso en específico nos referiremos a México como aquella realidad que se manifiesta y concreta desde la ley general de la acumulación capitalista en una economía periférica y dependiente, y justo por lo anterior, es que el desempleo estructural se mira desde la categorización del Ejército Industrial de Reserva (EIR) o población excedente relativa.
En México se observa un régimen económico que ha mantenido durante al menos cuatro décadas un ciclo de capital dependiente, donde tendencialmente la oferta de la mercancía fuerza de trabajo genera un aumento constante de la población excedente relativa. Este fenómeno tiene incidencia directa y presión que se ejerce sobre quienes logran insertarse en el mercado laboral, teniendo como consecuencia en México procesos históricos de precarización tanto en las condiciones laborales como en las salariales. En esta investigación el análisis metodológico que se aborda respecto al desempleo es de manera estructural abierto, y que se encuentra fuertemente vinculado con los procesos de desvalorización de la mercancía fuerza de trabajo al suscitar la reducción sistemática salarial en términos nominales y reales, tanto en trabajadores formales como informales.
Debemos hacer mención sobre la postura que ha adoptado el gobierno mexicano que se fundamenta en el concepto de la “economía moral”, cuya tesis principal sostiene que el desempleo y la precariedad laboral derivan de décadas de políticas neoliberales orientadas al crecimiento macroeconómico en detrimento del bienestar social. De acuerdo con esta perspectiva, la solución no solo se encuentra en incentivos al sector privado ni en políticas asistenciales convencionales, sino en una intervención estatal activa dirigida a la redistribución del ingreso, la promoción de la autosuficiencia económica y la generación directa de empleos mediante programas sociales y proyectos de infraestructura, bajo el principio rector de “primero los pobres”.
Con base en lo anterior, se observa en el ámbito del desempleo abierto en México lo siguiente: las cifras de desempleo abierto presentan niveles que son considerablemente elevados, registrando un promedio nacional de 12.33% entre los años 2019 y 2025. Particularmente, la cifra para las mujeres alcanza un promedio de 17.06%, situándose significativamente por encima tanto del promedio nacional como del correspondiente a los hombres (8.81%), mostrando una estrecha vinculación con altos niveles de informalidad. De acuerdo con datos del INEGI-ENOE, en el tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre) la tasa nacional de informalidad laboral es de 55.41%. En el caso de las mujeres, dicha tasa asciende a 55.95%, superando tanto la media nacional como la de los hombres (55.05%) (véase cuadro). Este escenario demanda un análisis complementario que supere el abordaje tradicional del desempleo, permitiendo un estudio estructural que considere los efectos del desempleo estructural sobre el mantenimiento y la calidad del empleo existente, así como su impacto en la generación de nuevos empleos que garanticen el acceso a trabajos dignos y no precarios.
Las causas de tipo estructurales que fomentan el desempleo abierto en México encuentran cabida desde la instrumentación de mecanismos tanto jurídicos como administrativos que detonan los procesos históricos de precarización laboral y superexplotación de la mercancía fuerza de trabajo, misma que resulta funcional al patrón de acumulación dependiente mexicano. Dicho proceso ha institucionalizado la preservación del EIR a través de programas sociales mediante transferencias monetarias, en el que se socializa el costo de mantener el EIR, liberando al capital de pagar el valor total de la mercancía fuerza de trabajo, por lo que estamos ante un gobierno que administra y gestiona el desempleo abierto mediante el gasto público.
3.1 El contexto delictivo en México. Otro elemento de tipo estructural para el desempleo. 2021-2024
Incluir el tema de la inseguridad entre las causas relevantes que han contribuido al desempleo en los últimos años es importante, porque los datos oficiales muestran que ha habido un crecimiento en el total de los actos ilícitos cometidos dentro del territorio nacional. Esto ocasionó que diversas empresas de todos los tamaños se vean obligadas a cerrar permanentemente o cancelen sus planes de expansión o de establecimiento en México.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE), realizada y aplicada por el INEGI, en el 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos en el país, ocasionando que hubiera un saldo de 23.1 millones de personas víctimas. Para el 2024 la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes fue de 34,918, lo que representa un alza del 4.96% con respecto a la tasa de 33,267 delitos por cada 100,000 habitantes reportada en el 2023.
Ahora bien, enfocándonos en el sector empresarial, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) en su edición más reciente, publicada por el INEGI en diciembre del 2024, estima que durante el 2023, 1.3 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito, lo que equivale a una tasa de 2,722 víctimas por cada 10,000 unidades económicas. Dicha cifra es mayor en un 10.52% que la tasa de 2,463 unidades económicas víctimas de delito por cada 10,000 unidades económicas, reportada en el 2021.
Entre las actividades ilícitas que perjudicaron a las empresas, las que presentaron mayor frecuencia en 2023 fueron la extorsión y el robo o asalto. En el caso de la extorsión, su tasa por cada 10,000 unidades económicas fue de 1,562 y representó el 25.5% de los delitos perpetrados hacia las empresas en el 2023. En cuanto al robo o asalto, ya sea de mercancía, dinero, insumos o bienes en general, su tasa durante el 2023 fue de 1,030 unidades económicas por cada 10,000, y significó 16.9% del total de delitos que afectaron negativamente a las empresas en ese año.
4. Análisis y presentación de los resultados empíricos relacionados con el cálculo del desempleo en México IV-T 2023- II-T 2025.
a) Tablas y Mapas (Nacional y por división sexual de trabajo) IV-T 2023.
Tasa de Desempleo Nacional y por división sexual en México. Cuarto trimestre 2023
A continuación se presentarán los mapas que corresponden al IV trimestre del año 2023, donde se puede observar la tasa de desempleo a nivel nacional, estatal y una división por género del trabajo, respectivamente.
En el primer mapa se muestra el nivel de desempleo a nivel nacional, se puede observar que la mayoría de estados se encuentran con un porcentaje de entre 10.1% y 12% de desempleo, siendo 11 de 32 Estados los que se colocan en este rango, en los cuales entre sus principales actividades económicas se encuentra el comercio y la industria manufacturera. Dentro de este trimestre, el huracán Otis tocó la tierra en Acapulco, Guerrero, el cual pese a tener consecuencias devastadoras no se ve reflejado en este trimestre.
Por otro lado, los estados con mayor número de desempleo fueron Durango con 14.5%, Tlaxcala con 14.4% y Guanajuato con 16%, siendo este número el más alto de todos. Teniendo los tres en común una destacada relevancia de la agroindustria entre sus actividades productivas, así como la industria manufacturera.
En contraste a estos datos, se pueden observar estados que cuentan con un número de desempleo menor al 8%, los dos más bajos teniendo un porcentaje de 4.8% y 4.9%, respectivamente. El primero de ellos corresponde al estado de Baja California Sur y el segundo a Jalisco. Con base en esto, se puede evidenciar que México atravesaba un escenario mixto referente al desempleo estructural abierto.
En el caso particular de la CDMX, hubo un porcentaje de 12.6% de desempleo, en este caso, se le atribuye a la gran cantidad de población que reside en la capital, existiendo un desbalance entre las personas en disposición para trabajar y las ofertas de trabajo.
En el segundo mapa se presenta el desempleo de la población masculina en el mismo periodo. A nivel nacional, la tasa de desempleo masculina fue de 7.1%, manteniendo a nivel estatal niveles relativamente bajos de desempleo y sin una gran variación entre estados. En total, 25 de 32 entidades tuvieron un bajo nivel de desempleo, estando ubicadas en un rango de entre 0% y 8%. Cinco estados se encontraron entre 8.1% y 10%, y únicamente dos estados, Durango y Guanajuato, presentaron niveles entre 10.1% y 12%.
En el cuarto trimestre de 2023, la población femenina desempleada a nivel nacional correspondía al 14.5%, sin embargo, el porcentaje presenta significativas variaciones de un estado a otro. Únicamente dos estados se ubicaron entre un rango de 0% a 8%, siendo estos Baja California Sur y Jalisco. Mientras que 5 estados presentaron niveles entre 8.1% y 10%, 3 estados entre 10.1% y 12%, 4 estados se localizaron entre 12.1% y 14%, 7 entre 14.1% y 16%, 4 entre 16.1% y 18%, 4 entre 18.1% y 20% y finalmente 2 estados superaron el 20%, ubicándose entre 20.1% y 22%. Esto es un reflejo de no solo el alto nivel de desempleo femenino, sino también de un gran contraste en todo el país.
Al contrastar ambos mapas se puede observar una gran brecha de desempleo laboral, siendo el desempleo en mujeres notablemente mayor al de hombres en la mayoría de estados. No obstante, estados como Baja California Sur y Jalisco representan un bajo nivel de desempleo para población masculina y femenina, los cuales no superaron el 8%, esto puede estar directamente relacionado con la predominancia de actividades terciarias, y en Baja California Sur particularmente el turismo, lo cual ofrece mayores oportunidades para contribuir a la reducción de la brecha de género en desempleo estructural abierto.
Por el contrario, en estados donde predomina el sector secundario y sobre todo la industria manufacturera, hubo una mayor desigualdad en el desempleo por género, lo cual se reflejó en Tabasco y Tlaxcala. A esto se le puede sumar que actividades domésticas y no remuneradas siguen recayendo en las mujeres.
b) Tablas y Mapas (Nacional y por división sexual de trabajo) IV-T 2024.
Tasa de Desempleo Nacional y por división sexual en México. Cuarto trimestre 2024
Al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y al inicio del mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, la tasa de desempleo nacional alcanzó el 10.6%. En términos de población, más de 7 millones de personas se encontraban desempleadas. A pesar de la implementación de Programas para el Bienestar como “Jóvenes Construyendo el Futuro” que busca vincular a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad con centros de trabajo de su elección hasta por 12 meses, el desempleo continuó aquejando a millones de personas.
Los estados con las tasas de desempleo más altas son Guanajuato (16.2%), Durango (15.4%) y Oaxaca (15%). En cambio, las tasas más bajas se ubican en Baja California Sur (6%), Jalisco (6.5%) y Yucatán (7.1%).
Al observar la situación del desempleo por división sexual del trabajo en México, podemos apreciar una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Para el cuarto trimestre de 2024, la tasa de desempleo para los hombres era de 7.4%, al menos tres puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional. Los hombres desempleados llegaban a 2.8 millones.
La gran mayoría de los estados tienen una tasa de desempleo por debajo del 10%, sólo Durango y Guanajuato tienen una tasa de 10.9% y 10.7%, respectivamente. Los estados con las menores tasas de desempleo son: Baja California Sur (4.2%), Jalisco (5%), Guerrero (5.4%) y Yucatán (5.4%).
La situación cambia drásticamente para las mujeres. La tasa de desempleo nacional para la población femenina es de 14.8%, el doble respecto a la tasa de desempleo de los hombres. De igual manera, las mujeres desempleadas son casi el doble de los hombres, con 4.3 millones, representan el 60.4% del total de los desempleados a nivel nacional.
Las tasas más altas de desempleo se encuentran en Chiapas (22.8%), Guanajuato (22.6%) y Oaxaca (21.8%). Mientras que sólo siete Estados tienen una tasa por debajo del 10%: Baja California Sur (8.3%), Jalisco (8.8%), Yucatán (9.3%), Querétaro (9.4%), Aguascalientes (9.5%), Coahuila (9.8%) y Nuevo León (9.9%).
c) Tablas y Mapas (Nacional y por división sexual de trabajo ) II-T 2025.
En el segundo trimestre del 2025 la tasa de desempleo nacional en México fue de 10.2%, siendo exactamente igual a la tasa de desempleo nacional del cuarto trimestre del 2023. En términos absolutos, las personas en situación de desempleo son más de 6.2 millones. El estado con la tasa más alta es Guanajuato (15.2%), seguido por Sinaloa (13.9%), Oaxaca (13.7%) y Tabasco (13.5%). A lo largo del periodo de tiempo analizado, a nivel nacional y en términos generales, el estado de Guanajuato ha mantenido la tasa de desempleo más alta.
Los estados con las tasas de desempleo más bajas son Baja California Sur (5.8%), Jalisco (6.5%) y Sonora (6.7%). Los estados de Baja California Sur y Jalisco se mantuvieron con las tasas de desempleo más bajas, aunque presentaron incrementos del cuarto trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2025, ya que pasaron de 4.8% y 4.9% a 5.8% y 6.5%, respectivamente. En cambio, Sonora redujo su tasa de desempleo en el mismo período, pues pasó de 7.4% a 6.7%.
Aunado a ello, se reconoce que, a comparación del cuarto trimestre del 2023 y el último trimestre del 2024, ya ninguna entidad federativa cuenta con una tasa de desempleo mayor al 16.0% (en el rango de tonalidades rojas) y solamente Guanajuato se encuentra por encima del 14.0%, situación que refleja una ligera mejoría en la distribución de las tasas de desempleo estatales. Es decir, que el grueso de los estados, incluyendo a la Ciudad de México (10.2%) y al Estado de México (10.1%) se posicionan dentro de los niveles de desempleo más bajos (0% a 8.0% y 8.1% a 10.0%) e intermedios (aquellos que abarcan tasas del 10.1% al 16.0%).
Las tasas de desempleo para los hombres se han mantenido relativamente bajas. Para el segundo trimestre de 2025 a nivel nacional la tasa de desempleo para los hombres es de 7.2%, mientras que el número de hombres desempleados ascendía a más de 2.5 millones. Los estados de Guanajuato, Tabasco y Sinaloa presentan las tasas de desempleo más altas, con 10.6%, 9.6% y 9.3%, respectivamente. Por el contrario, Baja California Sur (4%), Yucatán (4.7%), Jalisco (5%) y Guerrero (5%) son los Estados con las tasas de desempleo más bajas para los hombres.
En el caso concreto del segundo trimestre de 2025, los estados que menor porcentaje de desempleo presentaron fueron Baja California Sur (4%), Yucatán (4.7%) y Guerrero (5%). Baja California Sur fue el estado que logró reducir su desempleo progresivamente, pasando de un 4.8% en el cuarto trimestre de 2023 a un 4% en el segundo trimestre de 2025. Por otro lado, Yucatán mostró una significativa reducción en su desempleo en este mismo periodo de tiempo, pasando de un 5.9% a un 4.7%, mientras que Guerrero logró pasar de un 6.4% a un 5%.
Dentro de los estados que presentaron las tasas más altas de desempleo, Guanajuato, redujo su porcentaje pasando de un 16% en 2023 a un 10.6% en 2025, Tabasco pasó de un 12.6% a un 9.6% y Sinaloa de un 13.9% a un 9.3% en el mismo periodo. Pese a los tres estados haber reducido la cantidad de hombres desempleados entre los años 2023 y 2025, Tabasco presentó un aumento en el desempleo del 2024 a 2025, subiendo de 9% a 9.6%, a diferencia de Guanajuato y Sinaloa, los cuales fueron reduciendo su desempleo de manera progresiva.
En cuanto a la población femenina, para el segundo trimestre del 2025 se mantiene una considerable disparidad con respecto a las tasas de desempleo que presenta la población masculina, tanto a nivel nacional como estatal. La tasa de desempleo nacional para la población femenina es de 14.2%, mientras que el número de mujeres desempleadas supera los 3.5 millones. Esto implica que el porcentaje de población femenina en condición de desempleo es casi el doble que de la población masculina en situación de desempleo y, a su vez, la cantidad de mujeres sin empleo es mayor que la de los hombres por aproximadamente un millón, lo cual, refleja que el panorama de desigualdad laboral entre hombres y mujeres no ha cambiado mucho desde el cuarto trimestre del 2023 hasta el segundo trimestre del 2025.
Ahora bien, comparando las tasas de desempleo de la población femenina entre las 32 entidades federativas del país, se observa que Oaxaca es el primer lugar nacional en desempleo de mujeres, con una tasa del 21.4%; le siguen Guanajuato con 20.6% y Chiapas con 20.3%. En cambio, hay cuatro estados que cuentan con una tasa menor al 10.0%: Baja California Sur es la entidad federativa con la tasa de desempleo femenino más baja de México, con 8.3%; después, se encuentran Sonora (8.6%), Jalisco (8.7%) y Colima (9.1%). Con respecto al resto del país, se puede apreciar en el mapa que hay seis estados con tasas comprendidas dentro del rango de 10.1% a 12.0%; siete entidades federativas tienen tasas que van del 12.1% al 14.0%, destacando la Ciudad de México (12.2%) y el Estado de México (13.5%); en el nivel cuyo límite inferior es de 14.1% y el superior de 16.0%, hay siete estados; dos del norte muestran una tasa de entre el 16.1% y el 18.0% y, finalmente, hay tres entidades federativas que presentan una tasa de mujeres en condiciones de desempleo mayor o igual al 18.1% y menor o igual al 20.0%.
Al contrastar el panorama con el cuarto trimestre del 2023, por un lado, es posible notar que para el segundo trimestre del 2025 ya no hay un sólo estado que muestre una tasa de desempleo menor a 8.1% entre la población femenina. Por otra parte, la cantidad de entidades federativas incluidas en los niveles de color rojo (con tasas del 16.1% en adelante), pasó de 10 a 8 entre el período ya mencionado del 2023 y el trimestre ya comentado del 2025. Con base en lo anterior, se puede ver que las tasas de desempleo femenino en la mayoría de estados presentan una tendencia de evolución que apunta hacia los rangos intermedios (tasas que parten del 10.1% y llegan hasta el 16.0%).
5. Conclusiones.
La magnitud del desempleo en México ha respondido históricamente a circunstancias nacionales e internacionales.
En el ámbito nacional, el desempleo varía según el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera (especialmente en el centro y norte del país), los ciclos agrícolas y condiciones meteorológicas excepcionales como la sequía y huracanes, y la capacidad de absorción de mano de obra que tiene el sector terciario, particularmente en la construcción y en el comercio al por mayor y al por menor. Además, la situación de inseguridad, violencia, extorsión y la fuerte presencia del crimen organizado en vastas regiones del país ha impactado negativamente en la actividad económica, ocasionando una gran pérdida de empleos.
En el plano internacional, la economía mexicana es altamente vulnerable a los choques externos y se encuentra fuertemente subordinada a la dinámica de la economía estadounidense. La crisis financiera internacional de 2007-2008 y la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 causaron un aumento drástico en el desempleo, dejando a millones de personas sin trabajo (especialmente a las mujeres) y dando lugar a una recuperación prolongada y desigual, ya que los trabajadores se reincorporaron a puestos de trabajo aún más precarizados. Así mismo, la política monetaria y comercial de Estados Unidos incide de manera decisiva en los flujos transfronterizos de inversión y, con ello, en la generación de empleo en México.
6. Bibliografía y fuentes de información.
Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM:
Reporte de Investigación 137. 2° Parte: La Geografía del Desempleo en México, 2006-2023. Disponible en: Reporte de Investigación 137. 2° Parte: La Geografía del Desempleo en México, 2006-2023 – Centro de Análisis Multidisciplinario – UNAM
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”. Glosario.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005): “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005: ENOE, Una Nueva Encuesta para México”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Organización Internacional del Trabajo (2005): “Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y de subempleo, adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo”, OIT.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2024). Encuesta Nacional de Victimización de Empresas | ENVE 2024. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2024/doc/enve_2024_presentacion_ejecutiva.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública 2025 (ENVIPE). Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf
[1] Esta tesis retoma la discusión marxista y la articula con los procesos históricos y recientes que afectan a México, integrando el análisis estructural y la crítica a la lógica capitalista.
A un año de Gobierno 278,000 Trabajadores del Sector Público en México Ganan Menos del Salario Mínimo Diario en 2025
Reporte Especial de Investigación
Elaboró: David Lozano Tovar, Aline Lozano Neri, Javier Lozano Tovar, Luis Lozano Arredondo, Paola A. Lozano Neri.
Septiembre de 2025
En México, se estima que alrededor de 278,000 trabajadores del sector público percibieron un ingreso diario inferior al salario mínimo general de $278.80 pesos durante el segundo trimestre de 2025. Esta cifra representa una porción de la fuerza laboral gubernamental que no alcanza el umbral salarial mínimo establecido para el presente año.
El dato se deriva del análisis de los tabulados detallados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo trimestre de 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Si bien las publicaciones iniciales de la encuesta ofrecen un panorama general del empleo, una exploración más profunda de las tablas estadísticas permite desglosar la población ocupada por sector institucional y nivel de ingresos.
De acuerdo con la ENOE, en el periodo de abril a junio de 2025, un total de 4,964,269 personas se encontraban empleadas en el sector gubernamental. De este universo, los datos revelan que el 5.6% de los trabajadores del gobierno reportaron ingresos de “hasta un salario mínimo”, (véase gráfica 1).
Gráfica 1
Nota de cálculo /[1]
Este número, redondeado a 278,000, incluye a empleados de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y abarca a personal con diversas modalidades de contratación.
Es importante señalar que la categoría de “hasta un salario mínimo” en la ENOE agrupa a aquellos que ganan desde un ingreso simbólico hasta el equivalente al salario mínimo. Dado que el salario mínimo general para 2025, excluyendo la Zona Libre de la Frontera Norte, se fijó en $278.80 pesos diarios, los trabajadores contabilizados en esta estimación ganan una cantidad igual o menor a esta cifra por jornada laboral.
Esta situación pone de manifiesto la existencia de un segmento de la fuerza laboral del estado que, a pesar de contar con un empleo formal en el sector público, no alcanza el piso salarial legalmente establecido para la mayoría del territorio nacional.
Basados en la tendencia y en el comportamiento de la contratación en las oficinas federales, estimamos que aproximadamente 3.7 millones de trabajadores del sector público en México tendrían un salario mensual inferior a $13,896 pesos en 2030.
A continuación, se detalla la metodología y los supuestos utilizados para llegar a esta estimación.
Metodología de la Estimación
Para proyectar el número de trabajadores por debajo del umbral salarial, se siguió un proceso de cuatro pasos clave:
Cuadro 1
Gráfica 2
Nota de cálculo[2]
Debido a la naturaleza del problema, se requiere una medición trimestral del comportamiento del empleo en las instancias de gobierno y basados en las variables económicas y políticas, es imposible ofrecer una cifra exacta. No existen estadísticas oficiales que proyecten la distribución salarial del sector público para el año 2030.
Sin embargo, es posible realizar una estimación fundamentada en los datos disponibles actualmente sobre el número de trabajadores, la distribución salarial y las proyecciones de incrementos y de inflación.
Basado en un modelo de proyección, se estima que aproximadamente 3.7 millones de trabajadores del sector público en México tendrían un salario mensual inferior a $13,896 pesos en 2030.
Desglose de la Tendencia
El modelo de distribución salarial y los cálculos se detallan a continuación:
La gran mayoría de los trabajadores del sector público que actualmente se encuentran en los rangos salariales más bajos (operativos, técnicos y administrativos de base) probablemente no alcanzarán un sueldo de $13,896 pesos para 2030, incluso con los aumentos anuales proyectados. A ellos se sumaría una porción de los trabajadores del nivel medio, cuyo crecimiento salarial no sería suficiente para superar dicho umbral.
Advertencia Importante: actualmente estamos realizando una estimación partiendo de los incrementos salariales y contractuales que diversos sindicatos nos han proporcionado. Los incrementos salariales reales pueden variar año con año dependiendo de las negociaciones sindicales, las políticas gubernamentales y el desempeño económico del país, pero también es importante el punto de vista de los trabajadores organizados del sector.
Fuentes consultadas:
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
Notas para consulta:
Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF): Ofrece datos detallados sobre el número de servidores públicos en la administración pública federal y sus rangos salariales. Por ejemplo, en su edición 2023, detalla que al cierre de 2022 había 1,574,971 servidores públicos federales y proporciona una distribución de sus ingresos brutos mensuales.
Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) y Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD): Estos censos complementan la información a nivel estatal y municipal, que en conjunto representan la mayor parte del empleo público.
[1] Para obtener la cifra total de trabajadores en esta condición, se realiza el siguiente cálculo:
[2] / A continuación, se detalla la metodología y los supuestos utilizados para llegar a esta estimación.
Metodología de la Estimación
Para proyectar el número de trabajadores por debajo del umbral salarial, se siguió un proceso de cuatro pasos clave:
Cuantificar los Trabajadores por Debajo del Umbral: Finalmente, se analizó la situación de cada nivel salarial proyectado para determinar cuántos de sus integrantes quedarían por debajo del umbral de $13,896 pesos mensuales.
The central objective of this report is to analyze the characteristics of perceived trends in the population of working people per state who are unable to acquire the Recommended Food Basket (RFB) [Canasta Alimenticia Recomendable (CAR)][1] due to insufficient wages and thus are considered to be living in extreme poverty.
For this analytic purpose, the present report is developed methodologically and consists of at least two installments. This is the first installment in which we present our findings on the Rate of the Working Population in Extreme Poverty (RWPEP) [Tasa de Población Ocupada en Pobreza Extrema (TPOPE)], which is constructed by establishing the correlation between the population of workers based on income level—for which the unemployed population is not considered—whose information is published in fiscal quarters by the National Survey of Work and Employment [Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)] by the National Institute of Statistics and Geography [Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)]; and the price of the Recommended Food Basket (RFB) [Canasta Alimenticia Recomendable (CAR)], which is calculated each year by UNAM’s Center of Multidisciplinary Analysis [Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México]. Through this methodology, we quantify the working people in Mexico whom we consider to be living in extreme poverty based on their income; or, in other words, the population that works but does not receive income and the population that works but receives insufficient income to acquire a “basket” consisting only of food. In the second installment, we will publish the results of the processes and trends in the distribution of the working population by levels of income, as well as the case study about the real salary and the purchasing power of the tabular salary of healthcare workers in Mexico.
Note: It’s crucial to point out that, in this study, the income levels of the working population are associated strictly with nominal wage; we did not do calculations nor do we present results about real wage or the purchasing power of workers’ wages.
UNAM’s Center of Multidisciplinary Analysis calls for the need to undertake an analytical study implementing the Labor Theory of Value, which centers both exploitation and workforce precarity as fundamental axes in the process of capital accumulation on a global scale. As such, we will use the tool of the RWPEP, which allows us to demonstrate the exploitation of the workforce through the processes of wage precarity.
Additionally, we establish the timeline of this analysis with reference to the fourth fiscal quarters of 2006, 2012, 2018, and 2020, because these years are the final years of the six-year presidential terms of the following political parties: 2006 was marked by the administration of the National Action Party [Partido Acción Nacional (PAN)], headed by Vicente Fox Quesada, in the so-called shift in power; in 2012, National Action Party, (the self-appointed government of employment), which remained in power, implemented an aggressive labor reform against workers, which, among many aspects, attained for its own class interests the legalization of subcontracting, all of which was spearheaded by Felipe Calderón Hinojosa; in 2018 we witnessed the return of the Institutional Revolutionary Party [Partido Revolucionario Institucional (PRI)] under the management of Enrique Peña Nieto. Finally, we’ve also analyzed 2020’s data on Andrés Manuel López Obrador’s National Regeneration Movement [Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)] government. Consequently, through our research we present a comparison of the results of the wage policies implemented upon the working population in Mexico at the end of each six-year term and in 2020. In this process we locate the continuities and ruptures between the political parties in order to investigate just how big this affront on Mexico’s working class really is.
Below we present maps of the results of the RWPEP organized by state for 2006, 2012, 2018, and 2020.
In the year 2000, there was a so-called shift in power between the conservative right, on one hand, with the increasingly dilapidated and inoperative project of the PRI driven by the interests of big capital; and on the other hand, the managers of large transnational companies that dominated in the government embodied by Vicente Fox Quesada. His six-year term resulted in 18 million 554 thousand 765 workers living in extreme poverty in 2006, with a national RWPEP of 42.2%. In 2006, 1.7 minimum wages were required just to be able to buy the RFB, which had a daily cost that year of $80.83 pesos, in comparison with the $48.67 pesos of the daily minimum wage.
The following map demonstrates that this condition of poverty among the working population was most accentuated in Mexico’s southeast. This is notable in the states of Chiapas, which had 1 million 189 thousand workers living in extreme poverty, representing a RWPEP of 73.6%; in Oaxaca, with 993 thousand 494 workers in extreme poverty and a RWPEP of 68%; Puebla, with 1 million 402 thousand workers living in extreme poverty and a RWPEP of 62%; and Guerrero, with 755 thousand 788 workers in extreme poverty and a RWPEP of 60.9% (see Table 1). Incidentally, these states have historically been subjected to conditions of poverty and marginalization.
At the close of the six-year term of the PAN politician Felipe Calderón Hinojosa in 2012, there was a notable, significant increase in the RWPEP throughout the country; the national levels of the RWPEP escalated to 66.2%, which translates to 32 million 315 thousand 444 workers living in extreme poverty. Between 2006, the last year of the six-year term of Vicente Fox, and 2012, the number of workers living in extreme poverty increased by 74%. This increase can be partially explained by the fact that, for this year, 3 minimum wages were needed to be able to acquire an RFB, which cost $188.99 pesos per day, compared to the $62.33 pesos of the daily minimum wage.
In the following map, which depicts the RWPEP by state for 2012, it’s notable that the northern states—which are considered the bastions of the industrial local bourgeoisie—have darkened to reflect higher levels of poverty, which seriously impacted the lives of workers. For example, Durango registered 482 thousand 60 workers in extreme poverty, which represents a RWPEP of 71.1%; Tamaulipas, with 932 thousand 976 working people living in extreme poverty, reached a RWPEP of 65.8%. At the same time, in the center of the country, the capital reached a RWPEP of 52.2%, representing a total of 2 million 190 thousand 850 workers in extreme poverty (see Table 1); meanwhile, in the Mexican southeast, poverty had worsened to reach levels like those of Chiapas at 84.4%, Guerrero at 83.6%, Oaxaca 79.2%, and Yucatán 76.6%.
In 2018, with the return of the PRI, headed by the administration of Enrique Peña Nieto, we can see that, far from alleviating the increasing poverty rates and faithful to anti-working class principles, the government furthered the trend of impoverishing the working classes through regressive wage policies, which were necessary to maintain the gains of big capital. In this year, the number of working people living in extreme poverty rose to a little more than 37 million, to reach a national RWPEP of 68.4%. When we compare this to the figure in 2006, which was 18 million 554 thousand 765 workers in extreme poverty, it’s clear that the destitution of Mexican workers doubled.
In the following map of the RWPEP by state for 2018, we can see that the RWPEP widely reaches levels of over 70% in the country’s southeastern region. For example, the state of Chiapas registered the highest rate at 88.5%, which is to say 1 million 680 thousand working people lived in extreme poverty; Guerrero with 1 million 326 thousand 630 working people living in extreme poverty, which translates to a RWPEP of 86%; Oaxaca, with 1 million 414 thousand 385 working people in extreme poverty, reached a RWPEP of 81.7%; Campeche, with 326 thousand 279 working people in extreme poverty, reached a RWPEP of 78%; Tabasco, with 699 thousand 87 working people in extreme poverty, reached a RWPEP of 74.4% (see Table 1).
Moreover, in the same map we can see that, in states in the country’s northern region, RWPEP levels of over 60% had become widespread. For example, Durango, with 561 thousand 422 working people in extreme poverty, reached a RWPEP of 72.7%; Tamaulipas, with 1 million 121 thousand 363 working people in extreme poverty, reached a RWPEP of 68.7%; Coahuila, with 847 thousand 17 working people in extreme poverty, reached a rate of 63.2%; Baja California, with 1 million 25 thousand 933 working people in extreme poverty, reached a RWPEP of 60.2%; and finally, there’s the representative case in the center of the country with the capital, which found itself with a rate that had increased to 58.1%, meaning that 2 million 445 thousand 687 working people in the city joined the ranks of those workers living in extreme poverty (see Table 1).
December 2018 brought the arrival of Andrés Manuel López Obrador’s government under the slogan “first the poor,” pushed by the exhaustion of millions of workers who were looking for a real change to substantially better their working conditions and the wages of the Mexican labor market. This hasn’t happened, as we’ll see shortly.
In the last fiscal quarter of 2020, the working population living in extreme poverty at the national level grew to 41 million 567 thousand 104 people, which equals a RWPEP of 77.9% of the working population across the country; in other words, from 2018 to 2020, an increase of 12.19% of the population of workers living in extreme poverty occurred. This is to say that, in the two first years of the current government, 4 million 519 thousand 89 working people joined the ranks of workers living in extreme poverty. Upon comparing this figure in absolute terms to the last year of Vicente Fox Quesada’s term in 2006, in which the number of working people living in extreme poverty was 18 million 554 thousand 765 people, that number had increased to a total of 23 million 12 thousand 339 working people living in extreme poverty in the last three terms and the first two years of the current government (which is to say, in 14 years). In other words, it has grown with an average of 1 million 643 thousand Mexican workers in extreme poverty per year. Nevertheless, the first two years of Andrés Manuel López Obrador registered an annual average increase of 2 million 250 thousand working people living in poverty, a number that is outrageous for people steeped in hardship and a clear demonstration of the continuity and sharpening of the process of wage precarity in Mexico.
In the following two maps, we can observe the magnitude of the working class’s wage deterioration in each state in 2020.
Note: On January 1, 2019, a new wage zone came into effect; it covers 43 municipalities and is known as the Free Zone of the Northern Border (FZNB) [Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN)]. For calculating the RWPEP, we present the data for the national daily general minimum wage of $123.22 pesos, which is applicable throughout country with relation to the price of the RFB for each of the six border states in the north of the country, with the exception of Baja California, which has all of its municipalities within the FZNB.
In the following map, which shows the fourth fiscal quarter of 2020, we can see that, in 30 states throughout the country, the RWPEP is above 70%, which is synonymous with the level of deterioration of the working and living conditions of workers. Two states even surpassed the benchmark of 90%: Chiapas, with a RWPEP of 92.6%, registered a figure of 1 million 897 thousand 717 working people living in extreme poverty; and Guerrero had 1 million 394 thousand 277 working people living in extreme poverty, with a RWPEP of 91.3% (see Table 1). It is also important to note that Oaxaca comes close to 90%, with a RWPEP of 89%; and another noteworthy case is with the nation’s capital, which has a total of 2 million 658 thousand 974 working people living in extreme poverty.
That being said, even if we suppose that all of the municipalities of Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, and Tamaulipas operate with the daily general minimum wage of the FZNB (which was $185.56 pesos in 2020), the situation doesn’t radically change. Only in Nuevo León do we find a RWPEP below 50%. However, it’s important to note that only one of the 51 municipalities of Nuevo León is found within the FZNB, so the employed population that really benefits from this pseudo-high wage is minimal.
We could summarize, then, that in a lapse of four six-term presidencies, with the governments of PAN with Vicente Fox Quesada and Felipe Calderón Hinojosa, of PRI with Enrique Peña Nieto, and now with MORENA with Andrés Manuel López Obrador, various schemes of the regressive wage policies have been implemented. These policies have historically favored the interests of the United States, first with the North American Free Trade Agreement and now with its renewal through the United States-Mexico-Canada Agreement, which has essentially meant, for the vast majority of the working class in Mexico, systematic labor and wage precarity. In this way, these governments have literally generated conditions of extreme poverty for millions of working people. In 14 years, the wage precarity advanced from 18 million 554 thousand 765 workers living in extreme poverty, with a RWPEP of 42.2%, to 41 million 567 thousand 104 working people living in extreme poverty, with a RWPEP of 77.9%.
[1] The Recommended Food Basket (RFB) was designed by Dr. Abelardo Ávila Curiel from the Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. It is composed of 40 foods without including the costs of preparation, nor the costs of rent, transportation, clothing, shoes, personal hygiene, and many other goods and services that are consumed by a family. It only references the cost of basic foods. The RFB is a carefully calculated amount, used and consumed daily, by a Mexican family of four people (two adults, a young adult, and a child), which takes nutrition, diet, tradition, and cultural habits into account.
translated by Rachel Whalen
Este trabajo analiza desde una mirada crítica la tendencia del poder adquisitivo del salario mínimo en México. Desde la década de los setenta del siglo pasado (S. XX) no se observaba una inflexión en la tendencia del poder adquisitivo del salario mínimo en nuestro país, aun cuando la recuperación salarial es la demanda más importante de las clases trabajadoras, motivo por el que se vuelve fundamental explicar por qué, a pesar del cambio en la tendencia del poder adquisitivo, los niveles de vida reales de la población presentan un panorama diferente.
Este trabajo se divide en cuatro partes; una en la que se examinan los cambios en la inflexión de la tendencia del poder adquisitivo del salario mínimo; otra en la que se analiza el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) frente al Salario Mínimo (SM); en la tercera parte mostramos qué pasa con el poder adquisitivo de la población ocupada, esto quiere decir que no es lo mismo el poder adquisitivo del salario mínimo, que el poder adquisitivo de la población trabajadora, de hecho, se observa cómo esta última se comporta de forma independiente de la primera; y finalmente, veremos la tendencia de la proporción de la población trabajadora cuyos ingresos les son insuficientes para poder adquirir la CAR. Es en ésta última en la que debemos fijarnos para saber qué está pasando con los niveles de vida de las clases trabajadoras. En síntesis, la tendencia que describe, muestra la continuidad de un resultado transexenal que mantiene a tres cuartas partes de la población ocupada en la pobreza extrema.
El aumento al salario mínimo (SM) en términos de la recuperación del poder adquisitivo sólo tiene efecto si los precios de los alimentos básicos se mantienen constantes o disminuyen. Cuando los precios de estos artículos incrementan más de lo que crece el SM, entonces se puede comprar menos cantidad de estos artículos.
Constitucionalmente el Artículo 123 en su fracción VI sostiene que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Es decir, el SM debería cubrir no solo los alimentos sino también los servicios, el vestido, la vivienda, etcétera, y tendría que ser suficiente para que las personas no se encuentren en situación de pobreza.
En el CAM se mide la pérdida del poder adquisitivo utilizando el SM y el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR)[1], que es una canasta ponderada de consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a) en la que se toman en cuenta aspectos nutricionales y hábitos culturales. Decimos que es de alcance mínimo porque no incluye el pago de renta en vivienda, el transporte, vestido, calzado, aseo personal y muchos otros bienes y servicios que entran dentro del consumo de una familia, sólo es un referente del costo de alimentos básicos, e incluso ahí, no incluye los gastos que requiere su preparación, como servicios de agua, luz eléctrica o gas.
En el Cuadro 1 se comparan los incrementos del SM y de la CAR del 2012 al 2024. Como se aprecia en 2019 se crean dos zonas geográficas: la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN)[2] y el resto del país. En 2024 el porcentaje de la CAR que se puede comprar con el SM de la ZLFN es de 77.1%, mientras que en el resto del país es de 51.2%.
En la gráfica 1 observamos el porcentaje de la CAR que se puede comprar con un SM durante los dos últimos sexenios . Si bien, se observa que desde 2017 se recupera el poder adquisitivo del SM. En 2012 al inicio del sexenio de Peña Nieto se podía comprar el 30.9% de la CAR, y hasta 2016 se deterioró ese porcentaje de compra, pero a partir de 2017 aumenta el porcentaje de la CAR que se puede comprar con un SM, el sexenio de López Obrador termina con un porcentaje de compra del 51.2% de la CAR. La clase trabajadora que tiene contrato escrito y ahí se estipula su ingreso en un salario mínimo, solo puede comprar la mitad de la CAR.
Sin embargo, en los siguientes apartados abordaremos si existe una correlación entre el SM y la pobreza, es decir, demostraremos que el incremento al SM no impacta en la disminución de la pobreza, por eso hemos examinado cuánta población ocupada puede comprar una CAR con sus ingresos[3]. Y en siguientes reportes analizaremos el porcentaje de la clase trabajadora que es beneficiaria del incremento al SM.
Gráfica 1
Como puede observarse en el cuadro 1 y en la gráfica 2, el salario mínimo en México está muy lejos de alcanzar la adquisición de la CAR para la familia, sería necesario la duplicación de éste para recuperar la compra de los alimentos, y está más lejos aún de alcanzar el decreto Constitucional.
En la gráfica 2 se observa el precio nominal mensual de la CAR y el SM de 2012 al 2024. El precio de la CAR mensual pasó de $6, 053.78 a $14,590.8. Mientras que el SM pasó de $1,869.9 a $7,467.9.
Gráfica 2
Mantener el SM en niveles por debajo de la adquisición de lo señalado en el Artículo 123 configura una política de atropello a los derechos de la clase trabajadora, el desinterés de la clase política en la precariedad laboral y la continuidad de la pobreza.
Si bien la tendencia a incrementar el poder adquisitivo del salario mínimo presenta un cambio respecto a sexenios anteriores[4], es completamente insuficiente por dos razones:
En este apartado mediremos la Población Ocupada en Pobreza Extrema (POPE), que hace referencia a la población ocupada cuyo ingreso no le alcanza para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR). Para ello utilizaremos categorías definidas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. En ella observamos las siguientes divisiones de la población:
Consultando los microdatos de la ENOE vamos a cruzar dos datos:
Por ejemplo, para el año 2023 el precio de la CAR es 1.5 veces el salario mínimo de la ZLFN, y 2.26 veces el salario mínimo del resto del país. El precio mensual de la CAR para el año pasado es de $14,071.20 pesos.
Entonces de la población ocupada para ese año, sumamos:
Con todo lo anterior obtenemos a la población ocupada cuyos ingresos no le alcanzan para adquirir la CAR en 2023, es decir la que está en la ZLFN y percibe menos de 1.5 veces el salario mínimo y la población ocupada en el resto del país y que percibe menos de 2.26 veces el SM. Esto se realiza para cada año en los últimos dos sexenios y obtenemos lo siguiente:
Gráfica 3
En 2012, al inicio del sexenio de Peña Nieto la población ocupada en pobreza extrema era al menos 34.3 millones de personas las que aún trabajando, sus ingresos no les alcanzaban para adquirir la CAR.
Para 2018, al inicio del sexenio de AMLO, esta cantidad aumentó a 39.5 millones de personas. Para 2024, poco antes del cierre del sexenio de López Obrador, llegó a 43.5 millones de personas, lo que indica un aumento de 4 millones de personas en la población ocupada en pobreza extrema (POPE).
En las cifras anteriores, decimos al menos, ya que en la ENOE, tanto en cada nivel de ingresos medido en salarios mínimos, como de forma general, hay gente que no especifica puntualmente su ingreso como respuesta a los cuestionarios, por lo que la cifra podría ser mayor, pero se incluye aquí sólo aquella población ocupada que es posible medir con precisión.
Uno de los resultados más relevantes que se demuestran es que el incremento de la población ocupada en pobreza extrema sigue una tendencia indiferente a la política de decretos en los salarios mínimos como señalamos anteriormente, ya que en presencia de incrementos o disminuciones del poder adquisitivo del Salario Mínimo, el número de la población ocupada que no puede adquirir la CAR sigue en aumento desde al menos el sexenio pasado y éste. Es decir, la pobreza en México se comporta indiferente a los incrementos y decretos en papel al salario mínimo.
Sobre este resultado ahondaremos en reportes que publicaremos en los próximos meses, ya que es evidente que los ingresos de la población ocupada no dependen de la política de salarios mínimos que tanto presumen los gobiernos de cualquier partido.
Por ejemplo:
Pero de estos casos y otros más publicaremos más adelante, ahora es necesario ver la tendencia general de este sexenio:
Los incrementos en las magnitudes absolutas de población ocupada en pobreza extrema tienen que compararse con el total de la población ocupada. Con ello obtendremos la Tasa de Población Ocupada en Pobreza Extrema (TPOPE), que indica el porcentaje de la población que, aún trabajando, sus ingresos no le alcanzan ni para comer.
Gráfica 4
El resultado más preocupante es que tres cuartas partes de la población ocupada percibe ingresos que no les alcanza ni para comer dignamente, y que con independencia (o indiferencia) a los incrementos de papel decretados desde el gobierno, se mantengan en los mismos niveles de manera constante en los últimos doce años.
Es evidente que la TPOPE, aunque oscila entre el 70 y 75% para todo este periodo (ver gráfica 4), indica un estancamiento en niveles de pobreza alarmantes, ya que mantiene a esas tres cuartas partes de la población ocupada por debajo del mínimo indispensable para sobrevivir. ¿A eso se le puede llamar el nuevo humanismo mexicano? ¿Es eso un trato digno para quienes a diario producen y mueven las mercancías y servicios en nuestro país?
Es falso el discurso gubernamental de la disminución de la pobreza, observamos cómo de forma consistente, tres cuartas partes de la población ocupada se halla en pobreza extrema, y esa situación es indiferente a la máscara de los incrementos de papel que ocultan la verdadera situación de las clases trabajadoras. En estos términos es posible ver que mantener a la población en pobreza es el resultado real transexenal de AMLO y la 4T.
Este resultado, además, presenta continuidad y congruencia con los obtenidos también por la política salarial llevada a cabo en el sexenio de Peña Nieto. No es lo que ocurre en el papel y en los medios de comunicación y difusión del gobierno, sino lo que puede observarse y medirse en las mesas de las familias de las clases trabajadoras en lo que hay que fijarse para determinar su situación.
Esto no se trata de tener otros datos, o de componer una tendencia. En el caso del sexenio de López Obrador, es un resultado consumado, que deja un legado de mantenimiento de la pobreza al igual que sexenios anteriores.
Y queda una pregunta abierta para entender la política económica de la 4T: ¿Ocurrirá el mismo estancamiento en los ingresos de los empresarios afines al gobierno? En la respuesta está el verdadero rostro de lo que ha significado este sexenio en términos económicos para las clases trabajadoras.
________Notas________
[1] Fue diseñada por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.
[2] Son 43 municipios los que comprende la ZLFN distribuidos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
[3] Recordemos que salario e ingresos es diferente, el salario se desprende de la relación asalariada, mientras que el ingreso incluye la suma de dinero que perciben las personas trabajadoras, ya sean de dos o tres trabajos, rentas, transferencias monetarias, etcétera. En síntesis utilizar la variable ingresos implica asumir la precariedad y empobrecimiento de la clase trabajadora, que desde 1976 que empieza el deterioro del poder adquisitivo se ha visto forzada a buscar más fuentes de ingreso o incorporar a más integrantes de la familia a trabajar, es decir, el aumento del tiempo de trabajo necesario fuera de la jornada laboral formal.
[4] Véanse los reportes de investigación anteriores del CAM