Reporte de Investigación 125. El Gasto público en México, 2007-2016: ¿Cómo se gasta? ¿Gastar más o gastar mejor?

Colaboración de Emmanuel Arturo Álvarez Rodríguez

Este documento presenta un análisis desagregado del gasto público presupuestario por sus clasificaciones funcional y económica y su impacto en el periodo 2007-2016, periodo en el que se enmarcan los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto[1].

La SHCP define a la clasificación económica como aquella que “divide en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio federal…

(…) El gasto de capital, por su parte, se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal…  Asimismo, una parte importante de la inversión que impulsa el sector público no se lleva a cabo directamente mediante gasto de capital, sino a través de esquemas de inversión pública y privada” [2]

A su vez, La secretaría de Hacienda define a la clasificación funcional del gasto como la clasificación que “muestra la distribución de los recursos públicos de acuerdo con las actividades sustantivas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los ámbitos social, económico y de gobierno.”[3]

La clasificación se divide en tres grandes rubros:

1. Desarrollo social que incluye Protección ambiental Vivienda y servicios a la comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación y Protección Social
2. Desarrollo económico que incluye Actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y caza, Combustibles y Energía, Transporte, Comunicaciones, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación
3. Gobierno incluye Legislación, Justicia, Coordinación de la Política de Gobierno, Relaciones Exteriores, Asuntos Financieros y Hacendarios, Seguridad Nacional, Asuntos de orden público y de seguridad interior, Otros servicios generales

En conjunto, estos tres rubros componen el gasto programable que contiene los recursos utilizados para la operación de las instituciones del Gobierno Federal, para que éstas proporcionen bienes y servicios como educación, salud, carreteras, energía eléctrica y combustibles, etc.

En la gráfica 1 se presenta la trayectoria del gasto presupuestario total desde el año 2000 y su tasa de crecimiento año con año.

Se puede apreciar que a pesar de que ha tenido en términos absolutos un incremento constante, las tasas anuales de variación han mantenido una tendencia ligera a decrecer en los últimos seis años esto ha repercutido de manera inequitativa en las proporciones que guardan las tres funciones en el gasto presupuestario total, hay que tomar en cuenta que la tasa de crecimiento promedio anual del gasto es de 4.6%,  superior a la tasa de crecimiento promedio anual del producto interno bruto en el periodo.  En la siguiente gráfica se presentan las tasas de variación de los rubros del gasto

Pese a la mayor volatilidad de la tasa de crecimiento del gasto en funciones de gobierno, su proporción respecto al total ha permanecido más estable que las correspondientes a desarrollo económico y social, esta última ha tenido pequeñas variaciones en el periodo señalado, lo cual es compatible con la proporción que guarda con el total de gasto programable, no es el caso del rubro de desarrollo económico, el cual ha tenido una  disminución de 5% en su peso en el total desde 2013, pasando de 27 a 22%, desarrollo social ha caído 2% en el mismo periodo, y el rubro de gasto en funciones de gobierno lo ha hecho en 0.2%, por lo tanto el rubro más estable ante variaciones reales del gasto presupuestario total ha sido el que contiene las erogaciones para sostener las funciones del gobierno.

El decremento de estas funciones en el gasto total se explica en buena parte por el incremento del gasto no programable, en el periodo señalado, a esta clasificación del gasto se le dedicara una revisión por separado en páginas siguientes.

A continuación, se presenta un análisis por subcuentas de cada función del gasto, comenzando con la función de desarrollo social.

En el grafico 4 se ofrecen las trayectorias de las subcuentas que integran las partidas de desarrollo social como proporción del total de dicho rubro.

Podemos observar que las cuentas de cultura y protección ambiental promedian una importancia menor del 2% en todo el periodo, seguido por el rubro de vivienda el cual promedia 14% en el mismo lapso, seguido por salud, el cual tuvo un repunte de cuatro puntos porcentuales de 2010 a 2012, pero que para 2016 esta proporción se posiciona a niveles de 2009.

Los dos rubros que tienen una mayor importancia relativa en las erogaciones sociales son las de educación y protección social, este segundo rubro presenta una tendencia creciente desde 2010, la cual refleja muy bien la elevación de la cuantía de los recursos en programas asistencialistas como oportunidades, prospera, Sin Hambre, 60 y más, etc. En este punto debemos detenernos y retomar una crítica que se hace cotidianamente a estos programas:

“debe ampliarse no sólo a “redes de protección”, sino de forma más importante a “prevención” contra incrementos de pobreza y la “promoción” de mejores oportunidades de desarrollo individual”[4]

La política social de carácter asistencialista ha jugado un papel importante en el combate a la pobreza, sin embargo la realidad nacional muestra que dicho combate no ha tenido el  éxito necesario, pues año con año, una cantidad creciente de personas se incorporan a grupos vulnerables o bien, directamente se convierten en pobres; los programas como la cruzada nacional contra el hambre o Prospera que se encuentran incluidos en esta función del gasto, difícilmente tendrán oportunidad para contener a la pobreza sin una política inteligente y responsable de fomento económico, lo que seguramente si traerán es un boquete mayor a las finanzas públicas, pues es recurso que no se recupera y que tiene un impacto marginal en el largo plazo para resolver el problema de raíz.

El rubro de educación cobra relevancia dentro de la clasificación de desarrollo social como un promotor del mismo, pero también como un benefactor del crecimiento económico a largo plazo, característica crucial, la cual los programas de transferencias condicionadas mencionados anteriormente no pueden presumir.

Resulta paradójico que a pesar de su potencial como benefactor social integral, su peso relativo en el gasto programable se encuentre en constante disminución desde 2007 a una tasa de 1.5% promedio anual.  Su peso se ha desplomado desde 34% en 2007 hasta 29.3% en lo que va de 2016; en el total del gasto público presupuestario disminuye de 20 a 17% en el mismo periodo. En términos reales, el gasto en educación solo ha crecido 33% de 2007 a 2015

El discurso de fomento a la educación en el periodo de Peña Nieto teniendo como caballo de batalla a la llamada reforma educativa, queda vulnerable cuando se muestran los datos, y es que para que un joven o niño tenga educación de calidad, además del profesor, los planes y programas de estudio y la infraestructura educativa juegan un papel preponderante.

En las cuentas de la función de desarrollo económico, las cosas no están mejor, los recursos para el apoyo a las actividades económicas excluyendo la cuenta de combustibles y energía, promedian el 22% de los recursos totales de la función de desarrollo económico y el 5.6% del total de gasto presupuestario

Como es bien sabido, el sector agrícola mexicano ha sido el sector más constantemente castigado por las políticas de liberalización comercial implementadas desde la adhesión al GATT; hoy en día el fenómeno de migración masiva hacia Estados Unidos tiene como principales protagonistas a los trabajadores del campo mexicano sin perspectivas de crecimiento o mejoras en su calidad de vida, y que por el contrario, han sido el segmento de la población más empobrecido, en contraste con estas situaciones los apoyos a estos productores han tenido un crecimiento de 0.03% de 2007 a 2015.

Dentro  de una política de desarrollo económico integral, el sector primario juega un papel central debido a su capacidad para impulsar a la industria, y como productor de divisas cuando se tiene un enfoque exportador; en la realidad actual, la pobreza lacerante o la vulnerabilidad en que se encuentran nuestros campesinos debe ser atacada desde lo productivo, es decir, dándole apoyo a su actividad productora y coadyuvando así a sacarlos definitivamente de la pobreza, y/o de la vulnerabilidad, además un efecto positivo derivado del impulso al campo y a las actividades agropecuarias es la consecución de la soberanía alimentaria, la cual ha sido constantemente ignorada y que tiene impacto en la calidad de vida de los trabajadores[5].

A pesar de que los programas como Oportunidades durante el periodo de Calderón y  Sin Hambre y Prospera, entre otros en lo que va del sexenio de Peña Nieto, no sólo se aplican en comunidades rurales, resulta interesante observar como los recursos destinados a estos es sustancialmente mayor al fomento agropecuario, en la gráfica 6 se ilustra dicha información.

La proporción entre los recursos dedicados al fomento a las actividades agropecuarias y las transferencias va en constante disminución; es en este contexto donde los programas de transferencias condicionadas, que han usurpado el lugar de la política de fomento económico como la principal arma de lucha contra la pobreza comienzan a perder credibilidad, pues el número de personas que pasan a ser pobres y su incidencia ha crecido en este periodo.

Rubros como el de turismo que ocupan una parte significativa de los trabajadores en estados de alta marginación como Guerrero, Chiapas y Oaxaca ha tenido una participación promedio en el gasto en desarrollo de apenas 0.7%, aunque su tasa de crecimiento media anual ronda el 12%. La cuenta de transporte presenta una tasa de variación media anual negativa en el periodo del orden de .06%

Las subcuentas del rubro de gobierno tienen un comportamiento más estable como proporción del total del gasto en administración gubernamental, sin embargo sus variaciones relativas anuales presentan alzas y caídas abruptas en el monto de sus presupuestos, los cuales contradictoriamente no afectan de manera pronunciada a la jerarquía de las subcuentas en esta función del gasto.

Es destacable el aumento que tuvo entre 2008 y 2009 el rubro de asuntos financieros y hacendarios el cual creció 53 veces su tamaño de 2007 y que fue erogado principalmente por la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Otro aumento notable tuvo lugar en el año 2011 en los rubros de seguridad Nacional, y asuntos de orden público y de seguridad interior, los cuales son justificados en la cuenta pública de ese año de la siguiente manera:

“Lo anterior se asocia, básicamente, con los mayores recursos asignados a la SEDENA y a la SEMAR. En la primera, destacan las aportaciones a los fideicomisos Público de Administración y Pago de Equipo Militar, y de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo, la compra de cinco aviones, el pago por anticipo de seis helicópteros y del Sistema de Vigilancia Aérea, junto con las mayores adquisiciones de materiales de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, uniformes y prendas de protección, vehículos, mobiliario, equipo de administración e instrumental médico. Por su parte, en la SEMAR sobresalen las erogaciones adicionales para la construcción de embarcaciones interceptoras y la compra de aviones CASA versión vigilancia marítima y transporte militar…

…Las erogaciones realizadas en la función Orden, Seguridad y Justicia fueron superiores a las programadas en 7.0 por ciento y a las del ejercicio precedente en 20.5 por ciento real. Tal resultado contribuyó a la transformación orgánica de la Policía Federal, lo que implicó incrementar el número de efectivos, la capacidad operativa, el equipamiento táctico y la infraestructura para facilitar la movilización de elementos de la Policía Federal en el territorio nacional y el traslado de internos de los centros federales de readaptación social.”[6]

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico pareciera que estos desembolsos se encuentran justificados, sin embargo, es conveniente retomar la explicación que responsabiliza al pobre desempeño económico nacional en las últimas tres décadas como el responsable de la escalada de criminalidad y de florecimiento de las actividades delictivas, una nueva comparación puede hacerse entre el presupuesto de seguridad nacional, asuntos de orden público y seguridad interior y justicia, y el asignado a actividades agropecuarias.

La comparación arroja que el presupuesto en seguridad ha sido casi el doble en promedio que el apoyo a actividades agrícolas, silvicultura, pesca y caza durante el periodo 2007-2015

La mayor cantidad de víctimas mortales de esta “estrategia” contra la criminalidad se ha reportado en zonas rurales, además de que extensiones considerables de tierra laborable han abandonado sus cultivos tradicionales y lícitos en favor de la amapola, en estados como Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Baja California[7], entre otros.

Los gastos en burocracia gubernamental se encuentran estables en su proporción con respecto al total de la función gobierno; a su vez podemos considerar, que los gastos en legislación han crecido de 2007 a 2015 alrededor de 34% y el rubro de coordinación de la política del gobierno en 55% en términos reales en el mismo periodo.

Al respecto del gasto corriente con destino a sueldos y salarios de los funcionarios y servidores del sector público, y demás gastos corrientes como los mencionados en programas de transferencias, podemos detenernos y abrir una breve exploración del gasto en su clasificación económica.

Como se mencionó al principio de este documento, el gasto tiene dos destinos, el gasto corriente y el de capital. La trayectoria de estos se ilustra en la gráfica 8.

En términos reales el gasto corriente se duplicó de 2000 a 2015, y la cuenta de servicios personales creció en 37% en el mismo periodo; por su parte la cuenta de inversión física creció a un ritmo medio durante el periodo a una tasa de 7.6%, y el total de gasto de capital en 7.8%.

Las tasas de crecimiento anuales muestran tendencias relevantes en la determinación del gasto, pues mientras el gasto de capital tiene una tendencia marcada a disminuir su ritmo de crecimiento, el gasto corriente se mantiene estable en el tiempo o con variaciones menores a las de la cuenta de gasto de capital, lo cual inevitablemente provoca que tienda a absorber una mayor parte del gasto total. Esta información se ilustra en la gráfica 9.

Para continuar en el  estudio el gasto Público se dividirá en gasto no programable y gasto programable; dentro de esta clasificación el primer rubro es aquel que refleja los recursos que tienen como fin el cumplimiento de obligaciones de deuda y las participaciones a Estados y Municipios principalmente, En la gráfica 10 se presenta su trayectoria y sus cambios porcentuales anuales, en los cuales se puede observar que el crecimiento del gasto no programable ha sido volátil en comparación con el programable, y de menor cuantía en el periodo 2000-2015 que se ha expandido en promedio anual a una tasa de 2.15% en comparación con el programable que lo ha hecho en 5.5%

Como se mencionó, el gasto no programable incluye el costo financiero de la deuda y las participaciones a los órdenes de gobierno subnacionales, las tasas de crecimiento han tenido un comportamiento con alta volatilidad durante el periodo, las participaciones se han expandido a una tasa media anual de 3.8% en tanto que el costo financiero en 0.1%

Estas dos partidas del gasto tienen importancia principal en el panorama nacional;  las participaciones a entidades y municipios como la parte del estímulo a la demanda agregada que se transfiere a los órdenes de gobierno subnacionales, y  el costo financiero como la cuantía de recursos que el gobierno emplea para pagar intereses de deuda interna o externa. La trayectoria y crecimiento de estas variables puede observarse en la gráfica 11

Centraremos el análisis en el segundo rubro, pues éste aporta información valiosa para comprender la política de gasto en los últimos 9 años, es decir en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La comparación del costo financiero se hace respecto a la cuantía de las partidas del gasto programable en su conceptualización funcional, es decir contra gobierno, desarrollo social y desarrollo económico. Resulta interesante cómo dicha proporción ha venido creciendo desde 2013, después de tener una tendencia a su disminución en el periodo de Calderón, en términos llanos, dicha proporción ronda el 10.6% en promedio de 2007 a 2015, sin embargo para lo que va de 2016 esta proporción se ha elevado a 13%, un incremento de tres por ciento que no suena demasiado, pero que para el año en curso representan 55,348 millones de pesos, alrededor del 10% del total de gasto en desarrollo económico erogado hasta junio, o el 36% de lo gastado en la operación del gobierno en el mismo periodo.

Las cosas comienzan a tomar un tinte escandaloso cuando se hace la misma comparación, pero en los rubros desagregados, como educación y salud, para los cuales se tiene que los gastos en salud en 2016 son 7% menores que el costo financiero pagado hasta junio y en educación apenas 31% mayor; para todo el periodo el gasto en salud solo fue 15% mayor.

En rubros como protección al medio ambiente y vivienda y servicios a la comunidad y cultura, existe un deterioro notable tal que en conjunto solo han representado el 68% de las mencionadas erogaciones por costo financiero.

En general el presupuesto para el pago de obligaciones de deuda guardan una proporción con el gasto en desarrollo en todo el periodo del 18% y en 2016 se elevó a 22%, este aumento de 4% representa para 2015, recursos del orden de 75,106 millones de pesos más del doble de lo destinado a protección ambiental en 2015

En lo correspondiente a desarrollo económico las situación desmejora de gran manera, tanto que, en promedio, en los años de la muestra los rubros de apoyos a actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y caza, transporte, comunicaciones,   turismo, ciencia y tecnología, el cálculo arroja que el costo financiero ha sido 31% mayor a todas estas; sólo en 2016 el rubro de apoyo al desarrollo agrícola representó el 22% del mencionado costo financiero.

Estas comparaciones nos permiten vislumbrar un panorama difícil por partida doble, en primera instancia la inmensa y terrible carga que implica la contratación desbocada de deuda en los últimos dos sexenios, seguido de sus implicaciones en las finanzas públicas,  que de seguir esta tendencia significaría seguir constriñendo el gasto público en lo referente a sus cuestiones de desarrollo. En este sentido no son ninguna sorpresa los recortes al gasto y las políticas de austeridad propuestas en los últimos dos sexenios.

La mal llamada austeridad en el gasto, propuesta e implementada por los diferentes órdenes de gobierno y sus implicaciones son materia de discusión en las siguientes páginas de este documento.

La austeridad económica puede entenderse y estudiarse de mejor forma separándola en  dos vertientes sólo de forma instrumental ya que no son ajenas ni contrarias, muy por el contrario, son totalmente complementarias; éstas son, la teórica y como política económica.

La política de austeridad supone un recorte del déficit público bajando las erogaciones del Estado mediante la reducción del número de bienes y servicios ofertados por el mismo; estas acciones pueden combinarse con incrementos en los impuestos a la ciudadanía –tal como la miscelánea fiscal de 2013-  y alza en las tasas de Interés dictadas por el banco central

Dicha política es normalmente utilizada cuando los Gobiernos incurren en problemas de déficit y/o deudas de gran tamaño; pero también forma parte normal de las agendas en materia de política económica cuando los gobiernos son de cortes conservadores o tendientes a la derecha.

Teóricamente la austeridad económica tiene fundamentos en la teoría económica neoclásica y en la visión de la Escuela Austriaca del funcionamiento de la economía; al argumentar en primera instancia que la intervención activa del Estado en la actividad económica es un ente que crea distorsiones, rigideces y obstaculiza el libre funcionamiento de los mercados,  provocando así que los agentes económicos reciban información sesgada y ponga en riesgo la estabilidad y eficiencia en los mercados, provocando pérdidas irrecuperables de bienestar para toda la sociedad.

En México, la coyuntura actual nos remite a este concepto dado que la situación económica nacional e internacional ha provocado que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tomara la decisión de recortar el gasto en varias ocasiones en los últimos dos años.

Como ejemplo, tenemos el programa de recortes anunciado para 2015, el cual fue de la siguiente manera:

Más 18 mil millones de pesos en 2015, en materia de Inversión lo cual tiene como consecuencia para algunos proyectos reducir y recalendarizar metas físicas de programas, y proyectos aprobados. En este segundo rubro se enmarcan las decisiones de cancelar de manera definitiva el proyecto del Tren de Pasajeros Transpeninsular en los estados de Quintana Roo y Yucatán, y suspender de manera indefinida el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro[8].

La disminución de la cantidad de recursos recibida por las empresas productivas del Estado con seguridad impactó en la inversión que estas ejercieron; en específico aquellas que tienen que ver con los procesos de licitación pública internacional mejor conocidos como “rondas” de exploración y explotación de hidrocarburos.

El impacto que este ajuste provocó en el crecimiento económico del país para 2015 fue calificado por la SHCP como “marginal” y se estimó que el resultado de este en el crecimiento del PIB se encontraría dentro de las previsiones de entre 3.2 y 4.2%, al final y después de varias revisiones a la baja, el crecimiento del PIB en 2015 fue de 2.5%

Austeridad para los pobres, no para los ricos

¿Por qué se habla de una falsa austeridad? Porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni a los altos funcionarios y servidores públicos, cotidianamente vemos cómo los espacios noticiosos se nutren de casos sobre corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches, y demás actos ilícitos que se nutren del erario; los recortes se aplican cotidianamente y mayoritariamente al gasto en inversión.

En este contexto, en muchas ocasiones el recorte al gasto de inversión pública beneficia a los privados; es posible correlacionar el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado; incluso en el transporte público y la infraestructura, la inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios privados en sectores que históricamente eran de carácter público.

A partir de la información de las gráficas 2 y 3 podemos apreciar que a partir del 2007 el gasto en desarrollo económico ha sido el más castigado en cuanto a su proporción respecto al total del gasto programable y a su variación anual durante ese periodo; esto presupone que ha perdido lugar respecto a otros destinos de gasto, que, sin ser menos importantes, si son menos prioritarios para el desenvolvimiento y desarrollo social.

Si observamos el decepcionante desempeño del sector privado de la economía nacional, sus bajos ritmos de inversión, los cada vez más precarios empleos ofrecidos, las prestaciones que están en niveles paupérrimos, el complemento natural que significa el gasto público ha tenido un comportamiento tal que ha perdido su capacidad de complementar el consumo e inversión privados lo cual ha acentuado notablemente las secuelas en el tejido social, las cuales se han gestado durante todo el periodo y que podemos palpar en la actualidad.

Los efectos de una falsa “austeridad” que perjudica la inversión en desarrollo económico y social trae como consecuencia una baja de la productividad laboral cuando hablamos de recortes al gasto en educación ya que este se traduce en ciudadanos menos educados y con menor cualificación intelectual y de su fuerza de trabajo; los cuales no pueden desarrollar y asimilar nuevos patrones tecnológicos a la planta productiva de la nación, el discurso oficial sobre la reforma educativa se pone severamente en entre dicho cuando se revela la importancia de este rubro frente a otros menos cruciales y más favorecidos.

En salud, las consecuencias se notan en el mediano y largo plazos pues una menor disponibilidad de recursos para este rubro cuando la población es creciente, provoca una saturación de la infraestructura médica publica y una elevación del costo de la salud para la población. Progresivamente esto se traduce en perdida del bienestar social y empeoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Provenientes de la información de la gráfica 7 también podemos observar que los rubros de seguridad y poderes han tenido un comportamiento más constante a lo largo del periodo. Lo cual no es compatible con la noción de austeridad ni con el discurso oficial, aunque para todos, el aspecto de la seguridad es de suma importancia, la ejecución de la estrategia de combate al crimen organizado ha dejado incontables muertes y gastos tremendos que no pueden justificarse sólo con el discurso.

El Estado mexicano en su forma más concreta, como gobierno, es una institución históricamente determinada y tiene como uno de sus objetivos primordiales reducir la brecha de la desigualdad y dotar de benefactores materiales a las capas sociales menos favorecidas; este mandato no se ha venido cumpliendo completo ni constantemente en el periodo estudiado.

Aunado a esto, las erogaciones que tendrían que coadyuvar a cumplir este objetivo han sido reducidas por la aplicación de medidas de “austeridad”, las cuales tendrían que afectar en mayor medida a ramos que tuvieran menos impacto en la consecución del mencionado objetivo, los cuales se han mencionado anteriormente.

La falsa austeridad también se ve reflejada en el sistema impositivo de una nación, ya que éste debe debería procurar la justa distribución de la carga del gasto público según la capacidad del contribuyente, atendiendo siempre al Principio de progresividad, así como a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; fundamentado en un sistema eficiente para la recaudación de los impuestos.

Desde el periodo del desarrollo estabilizador en México las misceláneas y reformas fiscales propuestas y aprobadas han devorado porciones inequitativas del ingreso de segmentos medios y bajos de la población comparados con aquellos que tienen ingresos superiores y pertenecen a las minorías rentistas y con grandes ganancias.

Los ingresos por ganancias de sectores como el financiero y minero no se gravan adecuadamente, como por principio se debería hacer, esto provoca que el peso del erario público lo carguen los trabajadores que viven al día o bien que apenas pueden solventar los gastos de una vida digna, mientras los recursos públicos se emplean ineficientemente y se dilapidan en gasto corriente de la burocracia estatal.

No es coincidencia que al amparo de la “nueva” ideología económica y política, las fortunas privadas hayan crecido a ritmos tan acelerados y hayan convertido a varios empresarios en magnates al nivel de posicionarse en las listas de los hombres más poderoso y ricos del planeta.

Las consecuencias del mal empleo de los recursos de todos y la “falsa austeridad” han acentuado sobremanera la mala distribución del ingreso y las desigualdades sociales; no es sorpresa que la apatía de la ciudadanía y su malestar con la clase política vayan en ascenso de la mano de una disminución del sentimiento de cohesión social y de unidad nacional, a la par de estallidos sociales y levantamientos armados  en el país en las pasadas décadas y el descontento y pauperización de la población urbana se haga notorio y vaya cada vez más en aumento.

La escalada de la violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social son en buena parte, responsabilidad de una inadecuada política de desarrollo económico y social, acentuada por la falta de oportunidades.

La renuencia del Gobierno a disminuir los recursos a aquellos organismos que garantizan la estabilidad política mediante el uso de la violencia y la represión, tampoco causa extrañeza ante una gran cantidad de manifestaciones de protesta que ponen de manifiesto la mala administración gubernamental y en entredicho la capacidad de la clase política para hacer frente y satisfacer las necesidades ciudadanas.

Pero ¿por qué debería incrementarse más el gasto?  La pregunta que se plantea como título de este documento recibe respuesta con toda la información aportada en las anteriores páginas; sólo de 2007 a 2015 el gasto presupuestario ha crecido en 48% y no ha habido una mejora sustancial ni notoria del nivel de vida de los trabajadores, ni se ha podido cumplir con el mandato de seguridad pública de manera adecuada, esta elevación del gasto no ha tenido el efecto de apoyar el crecimiento de la nación de una manera adecuada.

Gastar más supone un debate mayor en varios ámbitos de la vida académica y política, pues el gastar más necesariamente requiere el recaudar más, y ante una incapacidad para esto, el endeudamiento se presenta como una posibilidad para incrementar el gasto.

Incrementarlo no parece ser la mejor opción, ni tampoco una posibilidad real para el gobierno, pues se ha presentado la posibilidad de implementar el presupuesto base cero; al margen de esta posibilidad, una reprogramación del gasto de manera que apoye la actividad económica y el desarrollo social representa la mejor opción para el dinero que todos los ciudadanos aportamos a las arcas públicas.

Es en este punto en donde el concepto de austeridad debe revaluarse, es decir, librarlo de dogmas y aplicarlo a acabar con el dispendio y la ineficiencia de la burocracia gubernamental, reducir el monto de recursos en gasto corriente que sirven para el crecimiento de plazas y remuneraciones en las dependencias de gobierno y aplicarlo a proyectos productivos y/o de desarrollo social.

El gasto tiene que reprogramarse de manera que su empleo permita disminuir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre todos los mexicanos, los responsables de las políticas públicas deben de tener presente que una sociedad democrática, que traería una nación justa, equitativa y con oportunidades no es compatible con las grandes desigualdades sociales.

Fuentes

• Cuenta de la hacienda pública federal, Varios años
• SHCP (2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006 SHCP (2011), clasificación funcional del gasto, disponible en línea
• CONEVAL (2013), Evaluación Estratégica de Protección Social en México

Datos Obtenidos de:

Banco de México

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

[1] Todos los datos y variaciones relativas se encuentran en términos reales, tomando como año base 2008

[2] SHCP (2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006, p. 37

[3] SHCP (2011), clasificación funcional del gasto, disponible en línea http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2011/documentos/r03/r03d03.pdf

[4] Guhan, S. (1994). Social Security Options for Developing Countries. International Labour Review, vol. 133, núm 1. Citado en CONEVAL (2013), Evaluación Estratégica de Protección Social en México, p.24.

[5] Un tratamiento profundo de esta temática se encuentra en los reportes de investigación del CAM números 116, 117, 120 y 123

[6]SHCP (2012). Cuenta de la hacienda pública federal 2011. P132

[7] http://www.jornada.unam.mx/2016/04/29/estados/033n2est

[8] En el reporte de investigación #124 se hizo hincapié en las virtudes del gasto empleado en infraestructura y proyectos productivos