Reporte de Investigación 127. México 2018: Otra derrota social y política a las clases trabajadoras; los aumentos salariales que nacieron muertos

Introducción: La guerra contra las clases trabajadoras y sus condiciones de vida. Con el nuevo salario mínimo ¿avanzar o degenerar en barbarie?

El problema de la guerra contra las condiciones de vida de las clases trabajadoras puede ser planteado en términos de siglos, de generaciones o de años. Durante varias décadas en el siglo XX, los estados capitalistas se dieron a la tarea de ponerse una máscara que le sirviera de contrapeso al avance del socialismo, en el que a pesar de enfrentar también contradicciones internas, es indudable que representó otra forma de organizar el trabajo y las condiciones de vida. Para contener ese avance, en los países capitalistas, entre ellos nuestro país, se consolidaron toda una serie de infraestructuras, prestaciones y derechos que buscaron disfrazar la explotación del trabajo asalariado con tal de que las clases trabajadoras no vieran otra opción más que las del sistema que los oprime. Partimos del hecho de que el capitalismo ha avanzado en la última generación y que un elemento esencial para su avance ha sido la desaparición del llamado mundo socialista y especialmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desde hace ya casi tres décadas, lo que ha significo la desmoralización del movimiento obrero. Lo que cabe recalcar en este proceso es cómo ante la falta de aquel contrapeso del mundo socialista, aquella máscara que le sirvió tanto al estado capitalista durante el siglo XX para disfrazarse de benefactor, hoy ya no le es necesaria y muestra su auténtico rostro que se encarga de comprimir cada vez más los salarios, de despojar cada vez más de los derechos laborales y al mismo tiempo de exprimir cada vez más a trabajadores y trabajadoras y sus familias, sin importar edad, color de piel, religión, etc. El anhelo de igualdad en el capitalismo es explotarnos a todos por igual.

Hoy, día a día, padecemos las consecuencias del derrumbe de la URSS lo que ha significado una mayor y más profunda pobreza, los trabajadores sobreviven en cada vez más precarias condiciones de vida y trabajo.  El Capitalismo contemporáneo avanza aceleradamente imponiendo la desaparición de las prestaciones sociales de los trabajadores; una mayor precarización del empleo, un sistemático proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo, la desaparición de la jubilación, de las pensiones, etc.

Los trabajadores se encuentran desmoralizados. Para ésta y las próximas generaciones, con la actual situación no hay esperanza, hay desilusión. Hoy, las luchas de los trabajadores, en sus avances y conquistas o en sus retrocesos o derrotas, enfrentan la represión, el despojo, la sobreexplotación, la discriminación. Si esta realidad continúa y se agudiza, desaparecerán las luchas de los trabajadores por generaciones.

Hoy, la perspectiva de los trabajadores asalariados en México, de entre los 101 millones de pobres (Julio Boltvinik) en sus diferentes niveles de pobreza, es morir de hambre, el nivel de vida continuará descendiendo hasta límites sobrecogedores. México en plena decadencia, crisis y descomposición ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cuáles son los límites para que se presente un cambio radical? ¿En qué condiciones materiales, sociales, políticas y económicas se iniciará un proceso de transformación social de fondo? Desde luego en este México existen formas y espacios de avance, de mejoramientos, o de retrocesos, pero en las actuales condiciones estos solo serán parciales, temporales, de forma, pero continúan los principales problemas que México enfrenta, como la pobreza, la violencia y las leyes del Capital sobre los trabajadores, la violencia legal e ilegal del Estado, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la migración, la violencia-en todas sus formas- y la destrucción del tejido social, problemas originados por el sistema capitalista.

México no ha sido ajeno a dichos problemas. Así, en las últimas décadas más de 6 millones de campesinos han sido despojados de su tierra y de su relativa tranquilidad y han sido arrojados al camino de la miseria y la violencia, de la migración forzada, a la delincuencia, o bien, en el mejor de los casos a diferentes actividades económicas, con cada vez más empleo precario informal o formal.

La economía mexicana ha enfrentado un crónico, raquítico e insuficiente crecimiento económico durante las tres últimas décadas y las perspectivas y proyecciones económicas, políticas y sociales del Estado, para los próximos años amenazan con no dar para más. El partido político actualmente en el gobierno (PRI) junto con su candidato a la Presidencia de la República, impulsan como siempre, una política dogmática basada en la absoluta sumisión y la continuidad, garantizada por un probado, disciplinado y sumiso tecnócrata egresado del ITAM (escuela formadora de cuadros de esa tecnocracia al servicio del Capital en México). Por otro lado, en los círculos cercanos y en las propuestas de gabinete de todos los otros partidos políticos incluyendo aquellos que se llaman de izquierda, proliferan también los funcionarios en favor del capital y no de las clases trabajadoras, van desde aquellos viejos priistas hoy disfrazados de la “esperanza de México”, hasta abiertos entusiastas en favor de la depredación del campo mexicano por trasnacionales como Monsanto.

Todo ese espectro de los partidos políticos de arriba y que durante 2018 estarán volteando al pueblo sólo para pedir votos para luego olvidarse de sus promesas vacías y lemas de campaña, todos esos partidos, sea cual sea el que gane, proyectan para el pueblo mexicano otros seis años más de lo mismo, la misma receta, otros seis años de más pobreza, inseguridad, impunidad, corrupción, represión, despojo, la sobreexplotación de las mayorías es galopante y sin fin, continuar con la entrega sin control ni medida, al capital extranjero de la soberanía e independencia nacional, de igual forma profundizar y ampliar la entrega de los recursos humanos (valor de la fuerza de trabajo) y naturales.

Pero el pueblo de México tiene una larga historia de luchas, y no hay fin de la historia, la historia la construyen los pueblos, y hoy en nuestra patria en muchas regiones y luchas sociales se escribe, con avances y retrocesos. En México la otra historia, la historia de los explotados, se construye.

Pero También en América Latina el hecho de que en algunos países los trabajadores avancen, con grandes dificultades en las luchas por conservar las conquistas logradas, las victorias logradas ejercerán un efecto renovador, de esperanza y moralizador para la organización de los trabajadores del resto de América Latina. La suerte de los trabajadores en América Latina y en México depende de la suerte y de las luchas de todos los trabajadores del mundo.

En este contexto se encuentran los nuevos incrementos al salario mínimo, que como mostraremos más adelante, nacieron muertos.

1. El salario mínimo como arma en la lucha de clases en México

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 sección VI establece que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”^[1] No obstante a lo que dicta la constitución, el salario mínimo se ha convertido, por la acción del Estado, empresarios y líderes charros, en una arma contra el pueblo de México dentro de una lucha de clases que ha tenido más derrotas que victorias para la clase trabajadora.

Las regulaciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) han actuado contrariamente a lo que establece su deber constitucional, pues claramente no es suficiente para satisfacer las necesidades materiales, sociales y culturales de un jefe de familia, ni para proveer de educación obligatoria a sus hijos, es al contrario, hasta ahora la CONASAMI sólo ha servido para quitar alimentos de la mesa de los trabajadores y negar el acceso a la educación a sus hijos. La pérdida acumulada del poder adquisitivo en treinta años, del 16 de diciembre de 1987 al 26 de octubre del 2017, es del 80.08%, medida de acuerdo a la Canasta Alimenticia Recomendable CAR[2]. Lo anterior se ha traducido en otra derrota para las familias trabajadoras como se puede observar en el siguiente cuadro

Cuadro 1

El Cuadro 1 muestra la tendencia del salario para deteriorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, el 26 de octubre de 2017 el salario mínimo era de $80.04 pesos diarios, mientras que el precio de la CAR llegó a $245.34 pesos diarios, es decir con el salario mínimo únicamente se podía adquirir el 32.62% de la canasta.

A esto se agrega el hecho del poco control que ha tenido el Estado sobre el incremento de precios de los bienes indispensables, incurriendo en el incumplimiento del artículo 28 constitucional, párrafo tercero, donde se indica que “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”[3].

La tendencia de la disminución de los salarios reales y el constante aumento de bienes de consumo para la población, ponen en una encrucijada la vida y sustento de la población trabajadora. Orillando a ésta a someterse a una sobreexplotación –redoblando esfuerzos para poder llevar el alimento hacia el hogar, para permitir que sus hijos tengan una mejor educación, vestido, calzado y recreación– con el fin de adecuarse a la lógica y las condiciones del mercado bajo las cuales opera el neoliberalismo, que prácticamente es hacer totalmente a un lado la integridad y humanidad de las trabajadoras y los trabajadores y los seres que dependen de ellos y ellas.

Gráfica 1

En los varios años que se ha hecho la comparación de la CAR y el salario, sólo ha existido un momento en la historia de la clase trabajadora donde el salario permitía adquirir los alimentos recomendables y después de ello tener un sobrante. El 16 de diciembre de 1987 (hace 30 años) fecha en la que con un salario mínimo alcanzaba para comer y hasta un poco más, momento donde el salario pasa a la historia, ya que no ha existido la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de entonces.

Como se observa en la Gráfica 1, la forma en la que va creciendo el precio de la CAR es bastante rápida, ya que en casi dos años tuvo un incremento de $44.33 pesos, ya que en abril de 2015, el precio de la CAR era de $201.01pesos y para octubre de 2017, el precio de dicha canasta alcanzó $245.34 pesos, mientras que en el salario apenas se pueden percibir los incrementos que ha tenido. En los mismos años, el aumento ha sido minúsculo para el salario mínimo: no llega ni a los $10 pesos.

2. Trabajando por un salario mínimo, le faltan horas al día para que alcance para comer

Dentro de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores está el hecho de que cada vez hay menos tiempo para realizar otras actividades que no sean trabajar para apenas conseguir lo indispensable para vivir. La Gráfica 2 muestra este incremento desproporcionado del tiempo de trabajo necesario para poder comprar la CAR, en 1987 eran necesarias 4 horas y 53 minutos para adquirirla, le restaban al trabajador 19 horas y 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear, dormir, etcétera. Si por una jornada de 8 horas se pagara un salario mínimo, el 1ero de enero de 2013 el tiempo de trabajo necesario para adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable era de 21 horas con 13 minutos, por lo que le quedaban al trabajador 2 horas y 47 minutos para satisfacer sus necesidades, es decir, para dormir, comer, estar con su familia, su pareja, sus amistades, para transportarse, etc. Tres años después, el 16 de octubre de 2016 ya únicamente eran 7 minutos, en total, para realizar el resto de sus actividades, debido a que el tiempo necesario que había que laborar para alcanzar la CAR era de 23 horas con 53 minutos. Al 26 de octubre de 2017 el tiempo de trabajo necesario para comprar la CAR ha sobrepasado un día completo llegando por primera vez a las ¡24 horas con 31 minutos!

Gráfica 2

Las políticas neoliberales aplicadas al salario han dejado un saldo en el que le hacen falta horas al día para que, trabajando por un salario mínimo, alcance para comer. A quienes han permitido este avance, tanto entre empresarios, gobiernos, partidos políticos, direcciones sindicales sometidas a las patronales, nunca les interesaron las clases trabajadoras, ni su vida ni sus necesidades como seres humanos que somos.

3. Las mentiras de Peña Nieto sobre los salarios mínimos. Cae el 13.42% del poder adquisitivo durante su administración

A un año de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha registrado una de las mayores pérdidas del poder adquisitivo de las últimas décadas, no obstante, él y otros funcionarios como Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se enorgullecen en ser los operadores y justificadores del despojo al celebrar los supuestos aumentos salariales, aumentos que nacieron muertos.

Enrique Peña Nieto menciona sobre el incremento al salario mínimo de $80.04 pesos a $88.36 pesos lo siguiente:

“Por eso, celebro que esta mañana, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, haya decidido incrementar el salario mínimo de 80.04 pesos a 88.36 pesos.

Y déjenme decir algo. No se trata de un ajuste menor, sobre todo considerando que, al inicio de esta Administración, hace prácticamente cinco años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos.

Con este aumento, en los últimos cinco años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20 por ciento en términos reales; esto es, 45 por ciento en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años.”^[4]

Una declaración totalmente fuera de la realidad. Vamos por partes:

• Sus asesores y proveedores de discursos, pues claramente no son autoría de Peña Nieto, no conocen la diferencia entre salario nominal y salario real. A grandes rasgos, el salario nominal es solamente su magnitud en pesos, mientras que el salario real es lo que se puede comprar con esa cantidad de dinero. Al 1 de diciembre de 2012 el salario mínimo nominal era de 62.33 pesos mientras que para el 1 de enero de 2018 el salario mínimo será 88.36, lo que arroja una diferencia de 41.8%. No sabemos de dónde pueden redondear mágicamente los otros 3.2%, además de que incluyen un salario que sólo se mantuvo un mes al igual que incluyeron aumentos salariales que se aplicarían más de un mes después del discurso de Peña. Ni haciendo trampa les cuadran sus cuentas.
• Ahora, respecto al salario real, es decir, lo que se puede comprar con el salario mínimo, utilizando la medición de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), en el sexenio de Peña Nieto, se ha perdido el 13.42% del poder adquisitivo solamente hasta el 26 de octubre de 2017, esta pérdida ha sido de las más altas en los últimos sexenios.

Lo anterior se puede corroborar en el siguiente Cuadro 2, en donde se presentan los aumentos al salario mínimo y los aumentos a la Canasta Alimenticia Recomendable.

Cuadro 2

Gráfica 3

La tendencia al deterioro de las condiciones salariales en el sexenio de Peña Nieto es muy clara, sin embargo, su discurso citado más arriba está lleno de mentiras. Lo único que ha avanzado durante su administración es el empobrecimiento de las familias trabajadoras en México

4. Los aumentos al salario mínimo en 2018: los aumentos que nacieron muertos.

Si además del análisis en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo que hemos realizado en secciones anteriores, tomáramos como punto de partida el precio de la CAR al 16 de octubre de 2016 y comparamos los aumentos a la misma respecto al salario mínimo pero medido en pesos vemos claramente que dichos aumentos al salario mínimo nacieron muertos.

Para octubre de 2016 la CAR costaba $218.06 pesos y para octubre de 2017 costaba $245.34 pesos, es decir que tuvo un aumento de $27.28 pesos, lo que representa una variación de %12.5, la variación anual más grande desde mediados de la década de los 90’s.

El aumento del salario mínimo para el mismo periodo fue de $7 pesos. El incremento que ha anunciado el gobierno vanagloriándose de su eficiencia es de otros $8.32 pesos, esto quiere decir que, si sumamos ambos, el aumento de 2016 para 2017 y el aumento de 2017 para 2018, tenemos un total de $15.32 pesos, el cual regirá durante todo 2018, sin embargo, el aumento de precios de la CAR ya se comió en un solo año el aumento de los dos años al salario mínimo, e incluso una parte de lo que vayan a anunciar para 2019 si no es que todo.

Al tiempo que la administración priista se congratulaba por el alza nominal del salario, sus “opositores” lamentaban que el incremento haya sido tan moderado, pero continúan por la misma línea de sólo ofrecer migajas para el pueblo trabajador. A continuación, los ejemplos del PRD y MORENA:

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (PRD), calificó de insuficiente el aumento y dijo que hay que “colocarnos en los zapatos de la gente que gana el salario mínimo”, lo que según su entendimiento corresponde a elevarlo a 95,24 pesos diarios^[5]. Es el mismo valor propuesto por la COPAMEX lo que permitiría alcanzar la línea de bienestar mínimo calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)^[6]. Por su parte, los dirigentes de Morena, en su plataforma política rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, proponen recuperar el poder adquisitivo del salario hasta que rebase la línea de bienestar mínimo referida. “La propuesta se basa en un incremento anual del 15.6%, más inflación anual del salario mínimo, para llegar a una meta al final de sexenio de 171 pesos diarios más inflación.”^[7]

Ante los datos y los escenarios antes descritos preguntamos ¿Qué tipo de bienestar puede garantizar un salario de 88 o de 95 pesos cuando la canasta básica requiere de 245 pesos diarios sólo para alimentación? Sin considerar los gastos como vivienda, transporte, vestido. Ni hablar de zapatos como sugiere Mancera. Tampoco es digna una propuesta de recuperación donde no se llegará al precio de la canasta en 2017 ni siquiera esperando hasta el año 2024 (que quizá a eso se refieren con esperanza de México).

En los partidos políticos de arriba, ni en los que se dicen izquierda aliados con la derecha, ni en los de derecha que se alían con los que se dicen izquierda, en ninguno de ellos hay solución para nuestro pueblo, porque de arriba no se puede esperar que se dirijan con verdad o con justicia.

Diciembre de 2017.

^[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf consultada el 02 de diciembre de 2017.

[2] La Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) fue diseñada por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, se encuentra conformada por 40 alimentos, sin incluir los gastos que requieren su preparación, ni tampoco el pago de renta en vivienda, el transporte, vestido, calzado, aseo personal y muchos otros bienes y servicios que entran dentro del consumo de una familia, sólo es en lo referente al costo de alimentos básicos. La CAR es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a) en la que se toman en cuenta aspectos nutricionales, de dieta, de tradición y hábitos culturales.

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf Consultado el 04 de diciembre 2017

^[4] Discurso de Peña Nieto durante el evento “Fortalecimiento del empleo” del 21 de noviembre de 2017. Disponible en https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-fortalecimiento-del-empleo?idiom=es Consultado el 02 de diciembre de 2017.

^[5] Nota: “Aumento al salario mínimo sería un compromiso de mi campaña presidencial: Mancera”. Disponible en http://www.proceso.com.mx/512356/aumento-al-salario-minimo-compromiso-mi-campana-presidencial-mancera consultado el 02 de diciembre de 2017.

^[6] Nota: “Aumento al salario mínimo, un avance a mitad del camino: empresarios. Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aumento-al-salario-minimo-un-avance-a-mitad-del-camino-coparmex.html consultado el 02 de diciembre de 2017.

^[7] Proyecto 18. Proyecto de Nación 2018-2024 encabezado por Andrés Manuel López Obrador y cuyo principal promotor es el empresario Alfonso Romo Garza y Esteban Moctezuma Barragán. Disponible en http://proyecto18.mx/conoce/?tab=economia consulta el 02 de diciembre 2017.

De cómo La Jornada utilizó la información que generamos en este Centro sin citarnos

El día 19 de abril de 2017, por el sitio web y las redes sociales del periódico La Jornada se difundió una nota llamada “Poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 11.11% este sexenio”. En el cuerpo de la nota se citan textualmente párrafos completos que publicamos en diciembre de 2016, sin embargo, los datos y tendencias se le atribuyen a otra fuente.

Nuestro Reporte de Investigación 126 “El salario mínimo: un crimen contra el pueblo mexicano. Cae 11.11% el poder adquisitivo durante el sexenio de Peña Nieto” puede ser revisado de forma completa en nuestro sitio web: http://cam.economia.unam.mx/reporte-investigacion-126-salario-minimo-crimen-pueblo-mexicano-cae-11-11-poder-adquisitivo-sexenio-pena-nieto/

A continuación mostramos capturas de pantalla de las notas de La Jornada:

Tomada de la URL: https://www.facebook.com/lajornadaonline/posts/10155431022983706

Tomada de la URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/19/poder-adquisitivo-del-salario-minimo-cayo-11-11-en-este-sexenio

A inicios de este año la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM emitió el Boletín UNAM-DGCS-020 (Ciudad Universitaria. 06:00 hs. 5 de enero de 2017) con el título: “CAE 11.11 POR CIENTO EL PODER ADQUISITIVO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, REVELA ESTUDIO DE LA UNAM” y que se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_020.html

Igualmente, diversos medios han difundido la información citando correctamente la fuente.

Las investigaciones que realiza la Comunidad de Investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM se hacen con trabajo colectivo y voluntario, sin ningún tipo de interés o remuneración económica, factor que contribuye a emitir resultados con objetividad y pensando siempre en que le sirva a las clases trabajadoras y sus procesos organizativos.

No es de nuestro interés obtener reconocimiento cada vez que use nuestra información algún colectivo de trabajadores, organización sindical u otra de carácter popular. Pero cuando un medio de paga usa la información generada por este Centro para aumentar el tráfico en su sitio y de esta forma fortalecer el modelo de negocio que han hecho con la información, lo que mínimamente tendrían que hacer es citar correctamente la fuente. En una época en la que obtener tales datos está al alcance de un clic, cometer tales omisiones sólo es explicable por una política editorial deliberada.

En este mismo sentido insistimos en que el objetivo principal de este centro es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de trabajadores/as, campesinos/as, y clases populares, realizando y difundiendo estudios de las causas e impacto socioeconómico que sobre estos sectores sociales tiene la actual política económica, social y laboral del gobierno federal, sobre todo a partir de los años ochenta. Y por lo tanto no nos interesa colaborar con aquellos que se han encargado deliberadamente de constreñir sus niveles de vida, llámense partidos políticos de ariba, grupos empresariales o acreedores internacionales.

Finalmente hacemos un llamado a los medios libres, radios comunitarias, colectivos y organizaciones populares a que usen ampliamente los resultados de estas investigaciones ya que ese es ese su objetivo principal.

Atentamente:

Comunidad de Investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM

Encuesta de opinión sobre el aumento en el precio de la gasolina. Del 7 al 13 de enero de 2017

Comparte tu opinión del 7 al 13 de enero de 2017 en la Encuesta de opinión sobre el aumento en el precio de la gasolina levantada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.

Esta encuesta es de carácter indagatorio y tiene por objetivo obtener información sobre el impacto del aumento del precio de la gasolina en los niveles de vida de la población de acuerdo a sus niveles de ingreso.

Se contesta de forma anónima y no se almacena ningún tipo de información personal

Click aquí para contestar la
Encuesta de opinión sobre el aumento del precio de la gasolina

Reporte de Investigación 126. El salario mínimo: un crimen contra el pueblo mexicano. Cae 11.11% el poder adquisitivo durante el sexenio de Peña Nieto

Contenidos:

Introducción [ir]

1. ¿Por qué el salario mínimo es un crimen contra el pueblo mexicano? [ir]

1.1. Porque el salario mínimo en México no alcanza ni para comer, es decir, es anticonstitucional [ir]
1.2 Porque tan sólo en lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha perdido el 11.11% del poder adquisitivo [ir]
1.3 Porque si trabajas lo necesario para alcanzar la Canasta Alimenticia Recomendable, trabajarás más que un esclavo [ir]
1.4 Porque la política de salarios mínimos en México, el único futuro que le ofrece a toda una generación, es el de salarios de miseria [ir]

2. ¿Quiénes se benefician y quiénes son los criminales? ¿De qué tamaño es el despojo a las clases trabajadoras en 3 décadas por su pérdida de poder adquisitivo? [ir]

2.1. ¿De qué tamaño es el despojo contra las clases trabajadoras acumulado de 1983 a 2015 sólo por la diferencia de su participación en el PIB? [ir]

Fuentes [ir]

Introducción

Gobernantes, empresarios y políticos oportunistas han expresado en diversos foros y medios de difusión su postura sobre el salario mínimo. Unos y otros apoyándose en criterios falsos, asesores caros pagados con dineros públicos y teorías alejadas de la cotidianidad de la vida de las familias trabajadoras, lo único que han podido mostrar con su ignorancia y omisiones sobre la situación real de los salarios en México es su desprecio por las clases trabajadoras y su complicidad con el crimen que ha sido el imponer durante décadas salarios que año tras año alcanzan para menos, quitando el pan que se sirve en las mesas de las familias trabajadoras para pasarlo a los bolsillos de empresarios, acreedores y gobierno. Basta con asomarse a los mercados populares, a los tianguis o a los supermercados para constatar la difícil situación que enfrentan los trabajadores para adquirir con sus salarios los bienes para el consumo diario. Al preguntarle a la memoria de los trabajadores más viejos es fácil darse cuenta cómo se ha venido agravando la ofensiva contra los salarios desde hace 10, 20, 30 años o más.

En el capitalismo se pregona el objetivo de que la mayoría de las personas tengamos que insertarnos en el mercado laboral vendiendo nuestra fuerza de trabajo para recibir un salario que pueda satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestras familias, para luego regresar con la suficiente energía a nuestros centros de trabajo día con día, quincena a quincena, mes con mes. La relación entre patrones y asalariados lleva siempre una condición de explotación, en donde al asalariado le es arrebatada una porción de su trabajo al pagarle siempre por debajo de lo que en realidad produce. Pero la explotación en México es todavía más cruda, los salarios que alcanzan para subsistir son cada vez más raros y hemos llegado a niveles en los que simplemente el salario no alcanza ni para comer, como demostraremos en el apartado 1.1 de este reporte.

Desde la década de los 80’s de forma ininterrumpida se ha presentado una impresionante caída del poder adquisitivo y esto afecta negativamente las posibilidades que tiene la población mexicana de acceder a una buena calidad de vida, población que tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder combatir esas bajas salariales; trabajar jornadas más largas, trabajar con pésimas condiciones laborales, obtener más de un empleo, trabajar en la informalidad e incorporar al trabajo a tantos miembros de la familia como les sea posible. Todo lo anterior paulatinamente va deteriorando la vida cotidiana de las clases trabajadoras y el problema se extiende ya a varias generaciones de mexicanos y mexicanas que han crecido sin conocer otro panorama que la superexplotación del trabajo. A esas generaciones se les ha impuesto la normalización de la miseria.

El presente reporte es el resultado del análisis de la evolución de los precios de productos básicos, en particular de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) desde 1987 y hasta el 16 de octubre de 2016, fecha en la que su precio llegó a $218.06 pesos diarios, en contraste con el salario mínimo que para este mismo año fue de $73.04 pesos diarios. Se muestran los efectos negativos que ha traído la fijación de salarios mínimos y los aumentos que no bastan para poder contrarrestar el incremento en la Canasta Alimenticia Recomendable. Aquí se plasma con datos y gráficas la carencia que seguramente tú y tu familia ya han podido experimentar. Pero además se señala de qué tamaño es el despojo acumulado en tres décadas de pérdida de poder adquisitivo y quiénes se han visto beneficiados con este crimen.

1. ¿Por qué el salario mínimo es un crimen contra el pueblo mexicano?

Desde el Pacto de Solidaridad Económica en 1987 hasta el Pacto por México en 2012, lo único que en los hechos han significado los pactos de arriba es que la mayoría de los de abajo serán quienes paguen las consecuencias. En el diccionario de la Real Academia Española se define “crimen” como “Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien”[1]. Lo que demostraremos a continuación es cómo la política deliberada de salarios mínimos en México desde al menos tres décadas ha perjudicado gravemente al pueblo mexicano en general, lo que se puede ver muy claramente en los siguientes aspectos:

1.1. Porque el salario mínimo en México no alcanza ni para comer, es decir, es anticonstitucional

La Canasta Alimenticia Recomendable es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a) en la que se consideraron aspectos nutricionales, de dieta, de tradición y hábitos culturales. Fue definida por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Está conformada por 40 alimentos, su precio no incluye gastos en su preparación. El CAM realiza un seguimiento de su precio desde hace varias décadas. Es importante resaltar que esta canasta alimenticia recomendable no incluye gastos en pago de renta de vivienda, transporte, vestido, calzado, etcétera, es solamente para tener una referencia de lo que cuesta la adquisición de alimentos básicos.

Por otra parte, en la sección VI del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se establece que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”[2] Sin embargo, para el 16 de octubre de 2016, la Canasta Alimenticia Recomendable tuvo un precio de $218.06 pesos por día mientras que el salario mínimo diario sólo fue de $73.04 pesos. Lo anterior quiere decir que con un salario mínimo sólo se puede comprar el 33.5% de la CAR (ver el Cuadro 1).

Como se puede observar en el cuadro 1, el que el salario no alcance ni para darle de comer a una familia es una situación que no es exclusiva de 2016, ya que la tendencia en la cual el salario mínimo se encuentra por debajo del precio de la CAR lleva ya varias décadas (Ver la gráfica 1).

Gráfica 1

Si con un salario mínimo en 2016 se puede comprar el 33.5% de la CAR, esto no quiere decir que con tres salarios mínimos se pueda hacer cumplir la Constitución, ya que con esos 3 salarios mínimos sólo se podrían adquirir los alimentos, y faltarían el resto de necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para la educación obligatoria de los hijos. De los 52 millones de personas que son el total de la Población Ocupada en México, al menos el 69.3%, es decir, 36 millones de personas tienen ingresos menores a lo que la Constitución señala que debería ser el salario mínimo (Ver la gráfica 2). Es un crimen que se comete contra millones, violando a diario la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¡¿Dónde está ahí el estado de derecho?!

Gráfica 2

Al no cumplirse el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se hace una burla a cada uno/a de los/as trabajadores/as mexicanos/as, si no que se gestiona un crimen a su integridad como seres humanos. Es un perjuicio cotidiano en las mesas de las familias trabajadoras.

1.2. Porque tan sólo en lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha perdido el 11.11% del poder adquisitivo

El primero de diciembre de 2016, en el evento en el que, recordando la vieja tradición priista del acarreo, se les invitó voluntariamente a fuerzas a servidores y otros empleados del sector público federal al que denominaran “4 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores Públicos”, Enrique Peña Nieto declaró: “Es la primera vez que, en 40 años, hay una recuperación real del salario mínimo del 15 por ciento; hay una recuperación real del salario mínimo del 15 por ciento, [sic] lo que no ocurría desde hace 40 años.”[3]

Dicha declaración, además de ser una mentira, es un insulto y una muestra clara del cinismo con el que se dirigen los ejecutores del crimen que significa el salario mínimo contra todo el pueblo mexicano. También evidencia la ignorancia de Enrique Peña Nieto y sus costosos asesores sobre la diferencia entre salario real y salario nominal.

Lo que la CONASAMI en sus propias palabras aprobó fue “otorgar un aumento constituido por el Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $4.00 pesos diarios al salario mínimo general con el objeto de apoyar la recuperación, única y exclusivamente, de los trabajadores asalariados que perciben el salario mínimo general, debido a que no fue posible hacerlo durante el transcurso del año antes de la presente fijación salarial ya que se presentaron diversos acontecimientos económicos […] que impidieron llevarlo a $77.04 pesos diarios, ahora, en la presente fijación salarial con esta referencia del monto del salario mínimo, el Consejo de Representantes acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que entrará en vigor el 1º de enero 2017 será $80.04 pesos diarios.”[4]

Esa implementación deliberadamente tardía del Monto Independiente de Recuperación que la misma CONASMI reconoce haberse guardado durante meses evidencia, por un lado, precisamente la deficiencia de su trabajo y por otro lado el que no pretenden otra cosa que un aumento extraordinario, ya que el incremento que ellos reconocen es el del 3.9%

Por otra parte en términos nominales, y no en términos reales, el incremento de 4 pesos del Monto Independiente de Recuperación más el otro incremento de 3 pesos por el ajuste anual del 3.9% acumulan solamente un incremento de 9.58% sobre el salario de 2016. Aumento que se esfumará en apenas unos cuantos meses de inflación el siguiente año considerando la tendencia que se observa en los precios de productos básicos desde hace años pero esta vez agravada por los efectos que tendrá la liberación de los precios de la gasolina.

Ese 9.58% de aumento es totalmente insuficiente. Basta señalar dos elementos para echar abajo los festejos pírricos de Enrique Peña Nieto:

a) En un periodo ligeramente menor al sexenio de Peña Nieto, del 1 de enero de 2013 al 16 de octubre de 2016, a pesar de que el salario mínimo ha aumentado 12.8% en términos nominales, por efecto del cambio de precios de productos básicos que han aumentado 26.9%, los incrementos nominales al salario mínimo son en realidad pérdidas del poder adquisitivo del salario mínimo. En lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha perdido el 11.11% del poder adquisitivo del salario mínimo (ver cuadro 2)

b) Como mostramos en el apartado 1.1 del presente reporte, se necesitan 3 salarios mínimos solamente para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable, es decir un aumento del 200% para que el salario mínimo alcance para comer, y para alcanzar el poder adquisitivo de 1987 se requeriría que el salario mínimo fuera de 5 veces lo que es ahora, es decir un aumento de 400%, unas 40 veces el aumento que ahora trata de poner Peña Nieto como si fuera un gran logro.

A esto se le agregan los efectos de la reforma laboral que hasta ahora sólo han traído consigo precariedad en los empleos, salarios de miseria, más informalidad y menos paga por más horas de trabajo.[5]

1.3. Porque si trabajas lo necesario para alcanzar la Canasta Alimenticia Recomendable, trabajarás más que un esclavo

Si por una jornada laboral de 8 horas se pagara un salario mínimo, entonces se tendrían que cumplir las siguientes jornadas para poder adquirir la CAR:

En el régimen esclavista la reposición de las fuerzas del esclavo, su manutención y reproducción se encontraban bajo la responsabilidad de su amo. De las 24 horas del día, se debía distribuir en el tiempo para su jornada y otros menesteres. Hasta esas condiciones, con el auge del neoliberalismo, le son lejanas a los trabajadores mexicanos ya que, como ejemplo y como se puede ver en el Cuadro 1 y en la Gráfica 2, las horas que tiene que laborar diariamente un trabajador para adquirir la CAR pasan de ser 4 horas con 53 minutos en 1987, a 20 horas con 38 minutos para 2012 y 23 horas con 53 minutos en la actualidad. Con el salario mínimo y la imperiosa necesidad de conseguir la paga para la alimentación de la familia, un trabajador mexicano le quedan 7 minutos al día para realizar el resto de actividades, como transportarse, dormir, aseo personal, convivir con su familia, etc.

En resumen, la condición de los trabajadores mexicanos en 2016 está peor que en el esclavismo.

1.4. Porque la política de salarios mínimos en México, el único futuro que le ofrece a toda una generación, es el de salarios de miseria

Como señalamos más arriba, el aumento al salario mínimo que reconoce la CONASAMI es del 3.9% además de la aplicación extraordinaria de un monto independiente de recuperación, medida que no se aplicaba desde la década de los 80’s del siglo pasado.

Antes de ese aumento, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) no se ponían de acuerdo en cuál debía ser su postura, al menos públicamente, porque en los hechos todas se declararon satisfechas con el aumento anunciado por la CONASAMI. ¿En qué se traduce la continuación de esta política salarial para las próximas generaciones de mexicanos? en condenarlas a salarios de miseria en favor de los empresarios y gobiernos. Sólo para ejemplificar lo absurdo que resulta, si los precios ya no cambiaran más durante 24 años y el salario mínimo siguiera aumentando a ritmos como los que celebran empresarios y gobierno, como el 3.9% anual, en el Cuadro 3 se presentan los montos del salario y los años que tendrían que transcurrir para que el salario alcanzara para adquirir la CAR

Si los precios no variaran y se siguiera ese ritmo de aumentos que tan satisfechos tienen al CCE, la Coparmex y la Concamin, entonces los trabajadores mexicanos tendrían que esperar hasta el año 2044 para que el salario mínimo les alcanzara para comer.

2. ¿Quiénes se benefician y quiénes son los criminales? ¿De qué tamaño es el despojo a las clases trabajadoras en 3 décadas por su pérdida de poder adquisitivo?

Solamente con analizar el aspecto de los alimentos básicos podemos ver el gran daño que se ha provocado contra las clases trabajadoras. ¿Qué pasaría entonces si viéramos el efecto agregado que ha tenido la pérdida de poder adquisitivo de forma acumulada?

Esa política salarial que gestiona el gobierno y de la que se complacen empresarios, tiene como consecuencia directa que año tras año los salarios alcancen para menos, pero tiene también otro efecto al verlo de forma agregada en todo el país; la participación de los salarios en el PIB disminuye en términos proporcionales, es decir, aunque año con año crece el valor de los bienes y servicios finales que se producen en México, el porcentaje que corresponde a las remuneraciones a asalariados disminuye. De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México, de 1970 a 1982 el promedio de participación de las remuneraciones a asalariados en el PIB fue de 37.1%, mientras que de 1983 a 2015, la participación promedio fue de 29.4% (ver el Cuadro 4).

Si calculamos cuánto fue en millones de pesos las remuneraciones a asalariados y las contrastamos con las que deberían de ser si se conservara su participación del 37.1%, la diferencia acumulada año tras año nos da un total de pérdida de 15 billones, 612 mil 859 millones de pesos. Esos 15.6 millones de millones de pesos son el tamaño de la pérdida para los asalariados y el aumento de la parte que se quedan empresarios, acreedores y gobierno (Ver gráfica 5)

El despojo a los trabajadores de la riqueza que generan, ha sido un hecho que se agrava progresivamente con las políticas laborales y salariales de los distintos gobiernos, que poco a poco coartan los pocos derechos que le quedan a las clases trabajadoras. A lo largo de los años, se ha vivido una aguda explotación, aumento de personas en pobreza, pérdida progresiva y cada vez más marcada del poder adquisitivo, así como la exclusión de muchas personas al acceso a servicios públicos, tales como la educación, salud e incluso sus derechos humanos.

Durante el sexenio de Luis Echeverría, hasta el de López Portilla, lo que se podía adquirir con un salario mínimo, era sustentado con una serie de parches a la pérdida progresiva del poder adquisitivo, y no es que esto haya sido voluntad del gobierno sino de la presión que ejercían los trabajadores por aquellos años con los sindicatos y constantes huelgas. De ese modo se creó el INFONAVIT –resultado de más de 53 años de pugna-, el FONACOT y la CONASUPO. A pesar de ello las políticas públicas estuvieran encaminadas a fortalecer la actividad privada empresarial, ya que muchos del gasto público, era destinado a la formación de infraestructura para la iniciativa privada, así como el beneficio en impuestos a también para empresarios pero no a los trabajadores. La herencia de Luis Echeverría Álvarez, a López Portillo se resume en hiperinflaciones, un mayor crecimiento de la deuda pública y desempleo. En ese sentido López Portillo básicamente dejó la recuperación de la economía mexicana a la producción petrolera y a la adquisición de deuda, en los primeros años parecía ser una respuesta viable, reflejada en un aumento de la productividad industrial, el poder adquisitivo creció y la participación de los trabajadores en la riqueza nacional era de un 37.1% del PIB. Pero lejos de ser una política benéfica, la crisis apenas se estaba gestando.

Con la crisis de la deuda en los ochenta el gobierno mexicano adquirió compromisos con los acreedores internacionales que se vieron reflejados en mayores restricciones al salario, tanto en términos del salario directo como aquello que podríamos denominar el salario social (infraestructura de servicios públicos principalmente). Es ese uno de los puntos de inflexión en las que algunos denominaron “políticas de bienestar” a la población para activar el consumo, mismas que comenzaron a desaparecer paulatinamente al mismo tiempo que se intensificaba la represión a las luchas de los trabajadores con el ataque hacia sus derechos laborales. Con Miguel de la Madrid, la participación de los salarios en el PIB disminuyó a 29.7% en 1983, en comparación al 37.1% de 1970 a 1982 (Ver Cuadro 4). También, so pretexto del fracaso del aumento al gasto público, se impulsó su reducción para no incurrir en más gastos que hicieran crecer la deuda pública, misma que como se verá más adelante son las clases trabajadoras quienes la terminan pagando.

En 1987, ante la grave crisis económica, social y política que enfrentaba México, el Estado inició un conjunto de Pactos y Acuerdos con el objetivo de trasladar el costo de la crisis a los trabajadores, aunque oficialmente se manejaba el discurso de que era para resolver los principales problemas como el grave deterioro de los salarios reales, alta inflación, inestabilidad en el mercado cambiario, fuerte incertidumbre en las perspectivas de la economía internacional, afectando los precios de las materias primas de exportación, incremento de la deuda externa, etc. Así, el 16 de diciembre de 1987, se firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), firmado por el Gobierno, por el sector de los trabajadores, empresarios y campesinos. En este Pacto el presidente de la CONASAMI se encargaría de proponer aumentos al salario que no afectaran a los trabajadores. Además, el Pacto planteó una política en cuanto al Control de Precios y Abasto, para evitar ajustes bruscos de los precios de la Canasta Básica. Dicho Pacto tuvo diez fases y acuerdos hasta establecer la Alianza para el Crecimiento el 26 de octubre de 1996 con vigencia hasta 31 de diciembre de 1997.

Con la llegada de los gobiernos federales panistas las tendencias no cambiaron. En el sexenio de Vicente Fox, que prometía ser diferente a la tradición priista, no resultó más que en un crecimiento dramático del desempleo, y abaratando la mano de obra, además del inicio de la aplicación de la reforma laboral incluso antes de ser aprobada. Lo mismo ocurrió con el sexenio de Felipe Calderón con quien se culmina aprobando, en el último mes de su administración, la reforma laboral en función de la subcontratación, salarios por hora (a $7 pesos por hora), básicamente desapareciendo las horas extras, limitando a un máximo de 12 meses los salarios caídos en caso de huelga o despido injustificado, etc.[6]

Al mismo tiempo en que se privatizaban empresas paraestatales, se disminuían servicios públicos y se precarizaban las condiciones en el empleo, la pérdida de participación de los salarios en el PIB por efecto en la baja del poder adquisitivo abría otro frente de despojo que hasta ahora había escapado a un análisis detallado (ver Gráfica 6 y 7). Las diferencias en porcentaje de participación de los salarios en el PIB para cada año van incrementándose a medida que se incrementa también el tamaño del PIB y como podemos ver en la gráfica 6, aunque con vaivenes, su tendencia es claramente a la alza; 1,385 millones de pesos de pérdida para los trabajadores en 1983, 55 mil 928 millones en 1990, 317 mil 693 millones en el año 2000, 1 billón 61 mil 310 millones en 2010 y 1 billón 406 mil 448 millones de pérdida en 2015 (Ver gráfica 6). Pero lo que representa una pérdida para las clases trabajadoras, es en realidad una transferencia de recursos para empresarios, acreedores y gobierno. El acumulado de esas transferencias va acelerando su crecimiento año con año (Ver gráfica 7).

Estos han sido los efectos del ataque contra las clases trabajadoras y nuestros derechos laborales. Además del efecto que vemos día tras día en las mesas de los hogares, en la medida en que el producto agregado del trabajo en México va creciendo y el salario real disminuyendo, no sólo la rebanada del pastel que le toca a las clases trabajadoras, que son la gran mayoría del pueblo mexicano, se hace más chiquita, sino que al mismo tiempo con el esfuerzo y dedicación cotidiana de esas mismas clases el pastel se hace más grande.

Por tanto, empresarios, acreedores y gobierno están acumulando capital no sólo a costa de la explotación de la fuerza de trabajo, pagando siempre por debajo de lo que esa fuerza produce (ya que el 100% del PIB es atribuible al trabajo), sino que ahora también expropiando masas gigantescas del fondo de consumo de los trabajadores. Son una hidra y cada una de sus cabezas no tiene llenadera.

Gráfica 6

Gráfica 7

Entonces podemos preguntarnos ¿Cuáles son los objetos de la Reforma laboral de 2012? Es evidente que entre ellos no está el de beneficiar a los trabajadores, pues además de los efectos vistos con anterioridad habría que sumar el basto problema que gira en torno a las pensiones y jubilaciones, así como a los servicios de salud, educación, transporte, etc.

Durante los sexenios panistas la participación de los trabajadores ha decaído hasta un 28% del PIB como resultado de la aplicación de estas políticas. Es importante hacer notar que este comportamiento ha presentado una completa continuidad en lo que va del sexenio de Peña Nieto hasta 2015, lo cual expresa que esta suerte de reformas al trabajo es un proyecto de largo plazo que no está peleado del todo con los diferentes colores de todos los partidos políticos de arriba, sino más bien para el beneficio de quienes concentran la mayor parte de la riqueza, de la cual l@s trabajadores/as son creadores/as.

2.1 ¿De qué tamaño es el despojo contra las clases trabajadoras acumulado de 1983 a 2015 sólo por la diferencia de su participación en el PIB?

La pérdida de la participación de los trabajadores en el PIB ha crecido de manera dramática en menos de 40 años. 15.6 millones de millones de pesos es una cifra que suena enorme y por tanto es necesaria compararla con otras cantidades para entender la magnitud que significa. En el siguiente Cuadro 5, se hace una comparación del despojo acumulado entre 1983 a 2015 por diferencia de la participación de los salarios en el PIB respecto a la cantidad de dinero que representa el presupuesto federal en distintos ramos para 2015.

Como puede verse, el tamaño del despojo es exorbitante, pues es 219 veces el presupuesto en Defensa Nacional para 2015. Eso es tanto que sería mayor al presupuesto en Defensa Nacional en todo el tiempo que México lleva como nación independiente. Es 133 veces el presupuesto para Desarrollo Social, si lo hacemos retroactivo, estaríamos hablando desde el año 1883, es decir, desde el porfiriato y hasta 2015. Es 115 veces el presupuesto de Salud, y 51 veces el presupuesto en Educación, es decir, una cantidad tal que se podría atender 115 veces a más población que lo que actualmente se atiende en México, tanto como 10 veces toda Amércia Latina junta, y abatir por completo la falta de acceso a educación pública en todos los niveles por varios años. Por otra parte, el tamaño del despojo es tanto como para pagar por más de un siglo (124 años) todo el presupuesto destinado a deuda pública conocido como ramo 24.

Que no nos vengan entonces con declaraciones cínicas y sin sustento sobre que subir el salario desestabilizaría la economía. Los auténticos criminales y ladrones que han despojado al pueblo mexicano del producto de su trabajo son la minoría que le quieren imponer a los explotados la mentalidad de sus explotadores. A todas luces son ellos los que han afectado las condiciones de vida y de trabajo de todo el pueblo. En este reporte hemos documentado esa explotación como una ficha más al expediente de agravios que desde arriba se han cometido. Y tal y como sucede en otros casos, no será pidiéndoles a los criminales que juzguen su propio crimen como habrá de haber justicia para el pueblo, sino la que organizadamente éste se construya para sí mismo.

FUENTES:

Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM:

Cuestionario sobre precios de productos básicos, levantado entre el 1 y 16 de octubre de 2016.
Reporte de Investigación 118. “Desempleo y menos paga por más horas de trabajo: resultados a dos años de la reforma laboral”. Disponible en: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-118-desempleo-y-menos-paga-por-mas-horas-de-trabajo-resultados-dos-anos-de-la-reforma-laboral/ consultado el 18 de diciembre de 2016
Reporte de investigación 112 del CAM “En México se oculta el 70 % del desempleo y la precarización de los trabajadores a un año de la Reforma Laboral” http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-112-en-mexico-se-oculta-el-70-del-desempleo-y-la-precarizacion-de-los-trabajadores-un-ano-de-la-reforma-laboral/ Consultado el 18 de diciembre de 2016

CONASAMI:

“Consejo de Representantes acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%”. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/conasami/articulos/consejo-de-representantes-acordo-otorgar-un-incremento-de-fijacion-de-3-9?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016
Series históricas del monto del Salario mínimo por áreas geográficas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm consultada el 16 de diciembre de 2016

“Palabras del Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, durante el evento: 4 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores Públicos”. Oficina de prensa de la Presidencia. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-4-anos-transformando-a-mexico-encuentro-con-servidores-publicos?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016

Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios años.

Notas: 

[1] Diccionario de la Lengua Española de la RAE, disponible en línea: http://dle.rae.es/?id=BGTge4F consultado el 19 de diciembre de 2016

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm consultada el 16 de diciembre de 2016

[3] Enrique Peña Nieto. “Palabras del Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, durante el evento: 4 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores Públicos”. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-4-anos-transformando-a-mexico-encuentro-con-servidores-publicos?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016

[4] CONASAMI. “Consejo de Representantes acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%”. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/conasami/articulos/consejo-de-representantes-acordo-otorgar-un-incremento-de-fijacion-de-3-9?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016

[5] Al respecto se puede profundizar en el Reporte de Investigación 118. “Desempleo y menos paga por más horas de trabajo: resultados a dos años de la reforma laboral”. Disponible en: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-118-desempleo-y-menos-paga-por-mas-horas-de-trabajo-resultados-dos-anos-de-la-reforma-laboral/ consultado el 18 de diciembre de 2016

[6] Se puede encontrar a detalle lo que se legalizó con la reforma laboral de 2012 en el Reporte de investigación 112 del CAM “En México se oculta el 70 % del desempleo y la precarización de los trabajadores a un año de la Reforma Laboral” http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-112-en-mexico-se-oculta-el-70-del-desempleo-y-la-precarizacion-de-los-trabajadores-un-ano-de-la-reforma-laboral/ Consultado el 18 de diciembre de 2016

Reporte de Investigación 125. El Gasto público en México, 2007-2016: ¿Cómo se gasta? ¿Gastar más o gastar mejor?

Colaboración de Emmanuel Arturo Álvarez Rodríguez

Este documento presenta un análisis desagregado del gasto público presupuestario por sus clasificaciones funcional y económica y su impacto en el periodo 2007-2016, periodo en el que se enmarcan los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto[1].

La SHCP define a la clasificación económica como aquella que “divide en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio federal…

(…) El gasto de capital, por su parte, se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal…  Asimismo, una parte importante de la inversión que impulsa el sector público no se lleva a cabo directamente mediante gasto de capital, sino a través de esquemas de inversión pública y privada” [2]

A su vez, La secretaría de Hacienda define a la clasificación funcional del gasto como la clasificación que “muestra la distribución de los recursos públicos de acuerdo con las actividades sustantivas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los ámbitos social, económico y de gobierno.”[3]

La clasificación se divide en tres grandes rubros:

1. Desarrollo social que incluye Protección ambiental Vivienda y servicios a la comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación y Protección Social
2. Desarrollo económico que incluye Actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y caza, Combustibles y Energía, Transporte, Comunicaciones, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación
3. Gobierno incluye Legislación, Justicia, Coordinación de la Política de Gobierno, Relaciones Exteriores, Asuntos Financieros y Hacendarios, Seguridad Nacional, Asuntos de orden público y de seguridad interior, Otros servicios generales

En conjunto, estos tres rubros componen el gasto programable que contiene los recursos utilizados para la operación de las instituciones del Gobierno Federal, para que éstas proporcionen bienes y servicios como educación, salud, carreteras, energía eléctrica y combustibles, etc.

En la gráfica 1 se presenta la trayectoria del gasto presupuestario total desde el año 2000 y su tasa de crecimiento año con año.

Se puede apreciar que a pesar de que ha tenido en términos absolutos un incremento constante, las tasas anuales de variación han mantenido una tendencia ligera a decrecer en los últimos seis años esto ha repercutido de manera inequitativa en las proporciones que guardan las tres funciones en el gasto presupuestario total, hay que tomar en cuenta que la tasa de crecimiento promedio anual del gasto es de 4.6%,  superior a la tasa de crecimiento promedio anual del producto interno bruto en el periodo.  En la siguiente gráfica se presentan las tasas de variación de los rubros del gasto

Pese a la mayor volatilidad de la tasa de crecimiento del gasto en funciones de gobierno, su proporción respecto al total ha permanecido más estable que las correspondientes a desarrollo económico y social, esta última ha tenido pequeñas variaciones en el periodo señalado, lo cual es compatible con la proporción que guarda con el total de gasto programable, no es el caso del rubro de desarrollo económico, el cual ha tenido una  disminución de 5% en su peso en el total desde 2013, pasando de 27 a 22%, desarrollo social ha caído 2% en el mismo periodo, y el rubro de gasto en funciones de gobierno lo ha hecho en 0.2%, por lo tanto el rubro más estable ante variaciones reales del gasto presupuestario total ha sido el que contiene las erogaciones para sostener las funciones del gobierno.

El decremento de estas funciones en el gasto total se explica en buena parte por el incremento del gasto no programable, en el periodo señalado, a esta clasificación del gasto se le dedicara una revisión por separado en páginas siguientes.

A continuación, se presenta un análisis por subcuentas de cada función del gasto, comenzando con la función de desarrollo social.

En el grafico 4 se ofrecen las trayectorias de las subcuentas que integran las partidas de desarrollo social como proporción del total de dicho rubro.

Podemos observar que las cuentas de cultura y protección ambiental promedian una importancia menor del 2% en todo el periodo, seguido por el rubro de vivienda el cual promedia 14% en el mismo lapso, seguido por salud, el cual tuvo un repunte de cuatro puntos porcentuales de 2010 a 2012, pero que para 2016 esta proporción se posiciona a niveles de 2009.

Los dos rubros que tienen una mayor importancia relativa en las erogaciones sociales son las de educación y protección social, este segundo rubro presenta una tendencia creciente desde 2010, la cual refleja muy bien la elevación de la cuantía de los recursos en programas asistencialistas como oportunidades, prospera, Sin Hambre, 60 y más, etc. En este punto debemos detenernos y retomar una crítica que se hace cotidianamente a estos programas:

“debe ampliarse no sólo a “redes de protección”, sino de forma más importante a “prevención” contra incrementos de pobreza y la “promoción” de mejores oportunidades de desarrollo individual”[4]

La política social de carácter asistencialista ha jugado un papel importante en el combate a la pobreza, sin embargo la realidad nacional muestra que dicho combate no ha tenido el  éxito necesario, pues año con año, una cantidad creciente de personas se incorporan a grupos vulnerables o bien, directamente se convierten en pobres; los programas como la cruzada nacional contra el hambre o Prospera que se encuentran incluidos en esta función del gasto, difícilmente tendrán oportunidad para contener a la pobreza sin una política inteligente y responsable de fomento económico, lo que seguramente si traerán es un boquete mayor a las finanzas públicas, pues es recurso que no se recupera y que tiene un impacto marginal en el largo plazo para resolver el problema de raíz.

El rubro de educación cobra relevancia dentro de la clasificación de desarrollo social como un promotor del mismo, pero también como un benefactor del crecimiento económico a largo plazo, característica crucial, la cual los programas de transferencias condicionadas mencionados anteriormente no pueden presumir.

Resulta paradójico que a pesar de su potencial como benefactor social integral, su peso relativo en el gasto programable se encuentre en constante disminución desde 2007 a una tasa de 1.5% promedio anual.  Su peso se ha desplomado desde 34% en 2007 hasta 29.3% en lo que va de 2016; en el total del gasto público presupuestario disminuye de 20 a 17% en el mismo periodo. En términos reales, el gasto en educación solo ha crecido 33% de 2007 a 2015

El discurso de fomento a la educación en el periodo de Peña Nieto teniendo como caballo de batalla a la llamada reforma educativa, queda vulnerable cuando se muestran los datos, y es que para que un joven o niño tenga educación de calidad, además del profesor, los planes y programas de estudio y la infraestructura educativa juegan un papel preponderante.

En las cuentas de la función de desarrollo económico, las cosas no están mejor, los recursos para el apoyo a las actividades económicas excluyendo la cuenta de combustibles y energía, promedian el 22% de los recursos totales de la función de desarrollo económico y el 5.6% del total de gasto presupuestario

Como es bien sabido, el sector agrícola mexicano ha sido el sector más constantemente castigado por las políticas de liberalización comercial implementadas desde la adhesión al GATT; hoy en día el fenómeno de migración masiva hacia Estados Unidos tiene como principales protagonistas a los trabajadores del campo mexicano sin perspectivas de crecimiento o mejoras en su calidad de vida, y que por el contrario, han sido el segmento de la población más empobrecido, en contraste con estas situaciones los apoyos a estos productores han tenido un crecimiento de 0.03% de 2007 a 2015.

Dentro  de una política de desarrollo económico integral, el sector primario juega un papel central debido a su capacidad para impulsar a la industria, y como productor de divisas cuando se tiene un enfoque exportador; en la realidad actual, la pobreza lacerante o la vulnerabilidad en que se encuentran nuestros campesinos debe ser atacada desde lo productivo, es decir, dándole apoyo a su actividad productora y coadyuvando así a sacarlos definitivamente de la pobreza, y/o de la vulnerabilidad, además un efecto positivo derivado del impulso al campo y a las actividades agropecuarias es la consecución de la soberanía alimentaria, la cual ha sido constantemente ignorada y que tiene impacto en la calidad de vida de los trabajadores[5].

A pesar de que los programas como Oportunidades durante el periodo de Calderón y  Sin Hambre y Prospera, entre otros en lo que va del sexenio de Peña Nieto, no sólo se aplican en comunidades rurales, resulta interesante observar como los recursos destinados a estos es sustancialmente mayor al fomento agropecuario, en la gráfica 6 se ilustra dicha información.

La proporción entre los recursos dedicados al fomento a las actividades agropecuarias y las transferencias va en constante disminución; es en este contexto donde los programas de transferencias condicionadas, que han usurpado el lugar de la política de fomento económico como la principal arma de lucha contra la pobreza comienzan a perder credibilidad, pues el número de personas que pasan a ser pobres y su incidencia ha crecido en este periodo.

Rubros como el de turismo que ocupan una parte significativa de los trabajadores en estados de alta marginación como Guerrero, Chiapas y Oaxaca ha tenido una participación promedio en el gasto en desarrollo de apenas 0.7%, aunque su tasa de crecimiento media anual ronda el 12%. La cuenta de transporte presenta una tasa de variación media anual negativa en el periodo del orden de .06%

Las subcuentas del rubro de gobierno tienen un comportamiento más estable como proporción del total del gasto en administración gubernamental, sin embargo sus variaciones relativas anuales presentan alzas y caídas abruptas en el monto de sus presupuestos, los cuales contradictoriamente no afectan de manera pronunciada a la jerarquía de las subcuentas en esta función del gasto.

Es destacable el aumento que tuvo entre 2008 y 2009 el rubro de asuntos financieros y hacendarios el cual creció 53 veces su tamaño de 2007 y que fue erogado principalmente por la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Otro aumento notable tuvo lugar en el año 2011 en los rubros de seguridad Nacional, y asuntos de orden público y de seguridad interior, los cuales son justificados en la cuenta pública de ese año de la siguiente manera:

“Lo anterior se asocia, básicamente, con los mayores recursos asignados a la SEDENA y a la SEMAR. En la primera, destacan las aportaciones a los fideicomisos Público de Administración y Pago de Equipo Militar, y de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo, la compra de cinco aviones, el pago por anticipo de seis helicópteros y del Sistema de Vigilancia Aérea, junto con las mayores adquisiciones de materiales de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, uniformes y prendas de protección, vehículos, mobiliario, equipo de administración e instrumental médico. Por su parte, en la SEMAR sobresalen las erogaciones adicionales para la construcción de embarcaciones interceptoras y la compra de aviones CASA versión vigilancia marítima y transporte militar…

…Las erogaciones realizadas en la función Orden, Seguridad y Justicia fueron superiores a las programadas en 7.0 por ciento y a las del ejercicio precedente en 20.5 por ciento real. Tal resultado contribuyó a la transformación orgánica de la Policía Federal, lo que implicó incrementar el número de efectivos, la capacidad operativa, el equipamiento táctico y la infraestructura para facilitar la movilización de elementos de la Policía Federal en el territorio nacional y el traslado de internos de los centros federales de readaptación social.”[6]

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico pareciera que estos desembolsos se encuentran justificados, sin embargo, es conveniente retomar la explicación que responsabiliza al pobre desempeño económico nacional en las últimas tres décadas como el responsable de la escalada de criminalidad y de florecimiento de las actividades delictivas, una nueva comparación puede hacerse entre el presupuesto de seguridad nacional, asuntos de orden público y seguridad interior y justicia, y el asignado a actividades agropecuarias.

La comparación arroja que el presupuesto en seguridad ha sido casi el doble en promedio que el apoyo a actividades agrícolas, silvicultura, pesca y caza durante el periodo 2007-2015

La mayor cantidad de víctimas mortales de esta “estrategia” contra la criminalidad se ha reportado en zonas rurales, además de que extensiones considerables de tierra laborable han abandonado sus cultivos tradicionales y lícitos en favor de la amapola, en estados como Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Baja California[7], entre otros.

Los gastos en burocracia gubernamental se encuentran estables en su proporción con respecto al total de la función gobierno; a su vez podemos considerar, que los gastos en legislación han crecido de 2007 a 2015 alrededor de 34% y el rubro de coordinación de la política del gobierno en 55% en términos reales en el mismo periodo.

Al respecto del gasto corriente con destino a sueldos y salarios de los funcionarios y servidores del sector público, y demás gastos corrientes como los mencionados en programas de transferencias, podemos detenernos y abrir una breve exploración del gasto en su clasificación económica.

Como se mencionó al principio de este documento, el gasto tiene dos destinos, el gasto corriente y el de capital. La trayectoria de estos se ilustra en la gráfica 8.

En términos reales el gasto corriente se duplicó de 2000 a 2015, y la cuenta de servicios personales creció en 37% en el mismo periodo; por su parte la cuenta de inversión física creció a un ritmo medio durante el periodo a una tasa de 7.6%, y el total de gasto de capital en 7.8%.

Las tasas de crecimiento anuales muestran tendencias relevantes en la determinación del gasto, pues mientras el gasto de capital tiene una tendencia marcada a disminuir su ritmo de crecimiento, el gasto corriente se mantiene estable en el tiempo o con variaciones menores a las de la cuenta de gasto de capital, lo cual inevitablemente provoca que tienda a absorber una mayor parte del gasto total. Esta información se ilustra en la gráfica 9.

Para continuar en el  estudio el gasto Público se dividirá en gasto no programable y gasto programable; dentro de esta clasificación el primer rubro es aquel que refleja los recursos que tienen como fin el cumplimiento de obligaciones de deuda y las participaciones a Estados y Municipios principalmente, En la gráfica 10 se presenta su trayectoria y sus cambios porcentuales anuales, en los cuales se puede observar que el crecimiento del gasto no programable ha sido volátil en comparación con el programable, y de menor cuantía en el periodo 2000-2015 que se ha expandido en promedio anual a una tasa de 2.15% en comparación con el programable que lo ha hecho en 5.5%

Como se mencionó, el gasto no programable incluye el costo financiero de la deuda y las participaciones a los órdenes de gobierno subnacionales, las tasas de crecimiento han tenido un comportamiento con alta volatilidad durante el periodo, las participaciones se han expandido a una tasa media anual de 3.8% en tanto que el costo financiero en 0.1%

Estas dos partidas del gasto tienen importancia principal en el panorama nacional;  las participaciones a entidades y municipios como la parte del estímulo a la demanda agregada que se transfiere a los órdenes de gobierno subnacionales, y  el costo financiero como la cuantía de recursos que el gobierno emplea para pagar intereses de deuda interna o externa. La trayectoria y crecimiento de estas variables puede observarse en la gráfica 11

Centraremos el análisis en el segundo rubro, pues éste aporta información valiosa para comprender la política de gasto en los últimos 9 años, es decir en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La comparación del costo financiero se hace respecto a la cuantía de las partidas del gasto programable en su conceptualización funcional, es decir contra gobierno, desarrollo social y desarrollo económico. Resulta interesante cómo dicha proporción ha venido creciendo desde 2013, después de tener una tendencia a su disminución en el periodo de Calderón, en términos llanos, dicha proporción ronda el 10.6% en promedio de 2007 a 2015, sin embargo para lo que va de 2016 esta proporción se ha elevado a 13%, un incremento de tres por ciento que no suena demasiado, pero que para el año en curso representan 55,348 millones de pesos, alrededor del 10% del total de gasto en desarrollo económico erogado hasta junio, o el 36% de lo gastado en la operación del gobierno en el mismo periodo.

Las cosas comienzan a tomar un tinte escandaloso cuando se hace la misma comparación, pero en los rubros desagregados, como educación y salud, para los cuales se tiene que los gastos en salud en 2016 son 7% menores que el costo financiero pagado hasta junio y en educación apenas 31% mayor; para todo el periodo el gasto en salud solo fue 15% mayor.

En rubros como protección al medio ambiente y vivienda y servicios a la comunidad y cultura, existe un deterioro notable tal que en conjunto solo han representado el 68% de las mencionadas erogaciones por costo financiero.

En general el presupuesto para el pago de obligaciones de deuda guardan una proporción con el gasto en desarrollo en todo el periodo del 18% y en 2016 se elevó a 22%, este aumento de 4% representa para 2015, recursos del orden de 75,106 millones de pesos más del doble de lo destinado a protección ambiental en 2015

En lo correspondiente a desarrollo económico las situación desmejora de gran manera, tanto que, en promedio, en los años de la muestra los rubros de apoyos a actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y caza, transporte, comunicaciones,   turismo, ciencia y tecnología, el cálculo arroja que el costo financiero ha sido 31% mayor a todas estas; sólo en 2016 el rubro de apoyo al desarrollo agrícola representó el 22% del mencionado costo financiero.

Estas comparaciones nos permiten vislumbrar un panorama difícil por partida doble, en primera instancia la inmensa y terrible carga que implica la contratación desbocada de deuda en los últimos dos sexenios, seguido de sus implicaciones en las finanzas públicas,  que de seguir esta tendencia significaría seguir constriñendo el gasto público en lo referente a sus cuestiones de desarrollo. En este sentido no son ninguna sorpresa los recortes al gasto y las políticas de austeridad propuestas en los últimos dos sexenios.

La mal llamada austeridad en el gasto, propuesta e implementada por los diferentes órdenes de gobierno y sus implicaciones son materia de discusión en las siguientes páginas de este documento.

La austeridad económica puede entenderse y estudiarse de mejor forma separándola en  dos vertientes sólo de forma instrumental ya que no son ajenas ni contrarias, muy por el contrario, son totalmente complementarias; éstas son, la teórica y como política económica.

La política de austeridad supone un recorte del déficit público bajando las erogaciones del Estado mediante la reducción del número de bienes y servicios ofertados por el mismo; estas acciones pueden combinarse con incrementos en los impuestos a la ciudadanía –tal como la miscelánea fiscal de 2013-  y alza en las tasas de Interés dictadas por el banco central

Dicha política es normalmente utilizada cuando los Gobiernos incurren en problemas de déficit y/o deudas de gran tamaño; pero también forma parte normal de las agendas en materia de política económica cuando los gobiernos son de cortes conservadores o tendientes a la derecha.

Teóricamente la austeridad económica tiene fundamentos en la teoría económica neoclásica y en la visión de la Escuela Austriaca del funcionamiento de la economía; al argumentar en primera instancia que la intervención activa del Estado en la actividad económica es un ente que crea distorsiones, rigideces y obstaculiza el libre funcionamiento de los mercados,  provocando así que los agentes económicos reciban información sesgada y ponga en riesgo la estabilidad y eficiencia en los mercados, provocando pérdidas irrecuperables de bienestar para toda la sociedad.

En México, la coyuntura actual nos remite a este concepto dado que la situación económica nacional e internacional ha provocado que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tomara la decisión de recortar el gasto en varias ocasiones en los últimos dos años.

Como ejemplo, tenemos el programa de recortes anunciado para 2015, el cual fue de la siguiente manera:

Más 18 mil millones de pesos en 2015, en materia de Inversión lo cual tiene como consecuencia para algunos proyectos reducir y recalendarizar metas físicas de programas, y proyectos aprobados. En este segundo rubro se enmarcan las decisiones de cancelar de manera definitiva el proyecto del Tren de Pasajeros Transpeninsular en los estados de Quintana Roo y Yucatán, y suspender de manera indefinida el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro[8].

La disminución de la cantidad de recursos recibida por las empresas productivas del Estado con seguridad impactó en la inversión que estas ejercieron; en específico aquellas que tienen que ver con los procesos de licitación pública internacional mejor conocidos como “rondas” de exploración y explotación de hidrocarburos.

El impacto que este ajuste provocó en el crecimiento económico del país para 2015 fue calificado por la SHCP como “marginal” y se estimó que el resultado de este en el crecimiento del PIB se encontraría dentro de las previsiones de entre 3.2 y 4.2%, al final y después de varias revisiones a la baja, el crecimiento del PIB en 2015 fue de 2.5%

Austeridad para los pobres, no para los ricos

¿Por qué se habla de una falsa austeridad? Porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni a los altos funcionarios y servidores públicos, cotidianamente vemos cómo los espacios noticiosos se nutren de casos sobre corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches, y demás actos ilícitos que se nutren del erario; los recortes se aplican cotidianamente y mayoritariamente al gasto en inversión.

En este contexto, en muchas ocasiones el recorte al gasto de inversión pública beneficia a los privados; es posible correlacionar el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado; incluso en el transporte público y la infraestructura, la inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios privados en sectores que históricamente eran de carácter público.

A partir de la información de las gráficas 2 y 3 podemos apreciar que a partir del 2007 el gasto en desarrollo económico ha sido el más castigado en cuanto a su proporción respecto al total del gasto programable y a su variación anual durante ese periodo; esto presupone que ha perdido lugar respecto a otros destinos de gasto, que, sin ser menos importantes, si son menos prioritarios para el desenvolvimiento y desarrollo social.

Si observamos el decepcionante desempeño del sector privado de la economía nacional, sus bajos ritmos de inversión, los cada vez más precarios empleos ofrecidos, las prestaciones que están en niveles paupérrimos, el complemento natural que significa el gasto público ha tenido un comportamiento tal que ha perdido su capacidad de complementar el consumo e inversión privados lo cual ha acentuado notablemente las secuelas en el tejido social, las cuales se han gestado durante todo el periodo y que podemos palpar en la actualidad.

Los efectos de una falsa “austeridad” que perjudica la inversión en desarrollo económico y social trae como consecuencia una baja de la productividad laboral cuando hablamos de recortes al gasto en educación ya que este se traduce en ciudadanos menos educados y con menor cualificación intelectual y de su fuerza de trabajo; los cuales no pueden desarrollar y asimilar nuevos patrones tecnológicos a la planta productiva de la nación, el discurso oficial sobre la reforma educativa se pone severamente en entre dicho cuando se revela la importancia de este rubro frente a otros menos cruciales y más favorecidos.

En salud, las consecuencias se notan en el mediano y largo plazos pues una menor disponibilidad de recursos para este rubro cuando la población es creciente, provoca una saturación de la infraestructura médica publica y una elevación del costo de la salud para la población. Progresivamente esto se traduce en perdida del bienestar social y empeoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Provenientes de la información de la gráfica 7 también podemos observar que los rubros de seguridad y poderes han tenido un comportamiento más constante a lo largo del periodo. Lo cual no es compatible con la noción de austeridad ni con el discurso oficial, aunque para todos, el aspecto de la seguridad es de suma importancia, la ejecución de la estrategia de combate al crimen organizado ha dejado incontables muertes y gastos tremendos que no pueden justificarse sólo con el discurso.

El Estado mexicano en su forma más concreta, como gobierno, es una institución históricamente determinada y tiene como uno de sus objetivos primordiales reducir la brecha de la desigualdad y dotar de benefactores materiales a las capas sociales menos favorecidas; este mandato no se ha venido cumpliendo completo ni constantemente en el periodo estudiado.

Aunado a esto, las erogaciones que tendrían que coadyuvar a cumplir este objetivo han sido reducidas por la aplicación de medidas de “austeridad”, las cuales tendrían que afectar en mayor medida a ramos que tuvieran menos impacto en la consecución del mencionado objetivo, los cuales se han mencionado anteriormente.

La falsa austeridad también se ve reflejada en el sistema impositivo de una nación, ya que éste debe debería procurar la justa distribución de la carga del gasto público según la capacidad del contribuyente, atendiendo siempre al Principio de progresividad, así como a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; fundamentado en un sistema eficiente para la recaudación de los impuestos.

Desde el periodo del desarrollo estabilizador en México las misceláneas y reformas fiscales propuestas y aprobadas han devorado porciones inequitativas del ingreso de segmentos medios y bajos de la población comparados con aquellos que tienen ingresos superiores y pertenecen a las minorías rentistas y con grandes ganancias.

Los ingresos por ganancias de sectores como el financiero y minero no se gravan adecuadamente, como por principio se debería hacer, esto provoca que el peso del erario público lo carguen los trabajadores que viven al día o bien que apenas pueden solventar los gastos de una vida digna, mientras los recursos públicos se emplean ineficientemente y se dilapidan en gasto corriente de la burocracia estatal.

No es coincidencia que al amparo de la “nueva” ideología económica y política, las fortunas privadas hayan crecido a ritmos tan acelerados y hayan convertido a varios empresarios en magnates al nivel de posicionarse en las listas de los hombres más poderoso y ricos del planeta.

Las consecuencias del mal empleo de los recursos de todos y la “falsa austeridad” han acentuado sobremanera la mala distribución del ingreso y las desigualdades sociales; no es sorpresa que la apatía de la ciudadanía y su malestar con la clase política vayan en ascenso de la mano de una disminución del sentimiento de cohesión social y de unidad nacional, a la par de estallidos sociales y levantamientos armados  en el país en las pasadas décadas y el descontento y pauperización de la población urbana se haga notorio y vaya cada vez más en aumento.

La escalada de la violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social son en buena parte, responsabilidad de una inadecuada política de desarrollo económico y social, acentuada por la falta de oportunidades.

La renuencia del Gobierno a disminuir los recursos a aquellos organismos que garantizan la estabilidad política mediante el uso de la violencia y la represión, tampoco causa extrañeza ante una gran cantidad de manifestaciones de protesta que ponen de manifiesto la mala administración gubernamental y en entredicho la capacidad de la clase política para hacer frente y satisfacer las necesidades ciudadanas.

Pero ¿por qué debería incrementarse más el gasto?  La pregunta que se plantea como título de este documento recibe respuesta con toda la información aportada en las anteriores páginas; sólo de 2007 a 2015 el gasto presupuestario ha crecido en 48% y no ha habido una mejora sustancial ni notoria del nivel de vida de los trabajadores, ni se ha podido cumplir con el mandato de seguridad pública de manera adecuada, esta elevación del gasto no ha tenido el efecto de apoyar el crecimiento de la nación de una manera adecuada.

Gastar más supone un debate mayor en varios ámbitos de la vida académica y política, pues el gastar más necesariamente requiere el recaudar más, y ante una incapacidad para esto, el endeudamiento se presenta como una posibilidad para incrementar el gasto.

Incrementarlo no parece ser la mejor opción, ni tampoco una posibilidad real para el gobierno, pues se ha presentado la posibilidad de implementar el presupuesto base cero; al margen de esta posibilidad, una reprogramación del gasto de manera que apoye la actividad económica y el desarrollo social representa la mejor opción para el dinero que todos los ciudadanos aportamos a las arcas públicas.

Es en este punto en donde el concepto de austeridad debe revaluarse, es decir, librarlo de dogmas y aplicarlo a acabar con el dispendio y la ineficiencia de la burocracia gubernamental, reducir el monto de recursos en gasto corriente que sirven para el crecimiento de plazas y remuneraciones en las dependencias de gobierno y aplicarlo a proyectos productivos y/o de desarrollo social.

El gasto tiene que reprogramarse de manera que su empleo permita disminuir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre todos los mexicanos, los responsables de las políticas públicas deben de tener presente que una sociedad democrática, que traería una nación justa, equitativa y con oportunidades no es compatible con las grandes desigualdades sociales.

Fuentes

• Cuenta de la hacienda pública federal, Varios años
• SHCP (2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006 SHCP (2011), clasificación funcional del gasto, disponible en línea
• CONEVAL (2013), Evaluación Estratégica de Protección Social en México

Datos Obtenidos de:

Banco de México

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

[1] Todos los datos y variaciones relativas se encuentran en términos reales, tomando como año base 2008

[2] SHCP (2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006, p. 37

[3] SHCP (2011), clasificación funcional del gasto, disponible en línea http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2011/documentos/r03/r03d03.pdf

[4] Guhan, S. (1994). Social Security Options for Developing Countries. International Labour Review, vol. 133, núm 1. Citado en CONEVAL (2013), Evaluación Estratégica de Protección Social en México, p.24.

[5] Un tratamiento profundo de esta temática se encuentra en los reportes de investigación del CAM números 116, 117, 120 y 123

[6]SHCP (2012). Cuenta de la hacienda pública federal 2011. P132

[7] http://www.jornada.unam.mx/2016/04/29/estados/033n2est

[8] En el reporte de investigación #124 se hizo hincapié en las virtudes del gasto empleado en infraestructura y proyectos productivos